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ASAMBLEA
LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA PARTIDO ACCION CIUDADANA Comunicado de Prensa Viernes 1 de octubre del 2004 Concesiones públicas Un Modelo que ha sido
corrompido “El PAC cree en la
concesión de obras y contratos públicos, mientras estas sean respetuosas de la
Constitución y no comprometan el papel del Estado en áreas estratégicas de
desarrollo y de promoción de la movilidad social” explicó la Jefa de Fracción
del Partido Acción Ciudadana (PAC), Epsy Campbell. Los problemas con la
Empresa Riteve por la concesión de la revisión técnica, la mala administración
e incumplimiento de obras en el Aeropuerto Juan Santamaría por la empresa
Alterra, y el proyecto para construir la cárcel privada de Pococí son tres
ejemplos que retratan como el Estado ha sido utilizado para beneficiar a la
particulares por sobre los intereses de la población. Para la diputada del
PAC, las concesiones deben estar sujetas a criterios de razonabilidad técnica,
transparencia, y publicidad.
Además consideró que los casos mencionados se han prestado para procesos
concesionarios irregulares, donde además el Estado termina subsidiando a las empresas
en negocios que para los privados representan cero riesgo. “Existe una estructura que surge desde los gobernantes,
con la cuál se beneficia a una clase de políticos-empresarios, que saltan de la
administración pública a la función de empresas privadas. Es así como abren las puertas al
capital extranjero, y subsidian las inversiones a tal punto que les es
imposible tener pérdidas” señaló Campbell. “Los
políticos-empresarios obtienen los beneficios por su intermediación, ya sea a
través de comisiones, contratos profesionales o de empresas, honorarios de
bufetes, o por cuantiosas consultorías.
Es la misma historia del crédito finlandés” afirmó la
diputada. Cárcel
de Pococí Puntos que preocupan
al PAC en cuanto a la cárcel de Pococí: ·
Al Estado cada preso
le cuesta entre $12 y $15. A la
empresa le costaría $29. ·
Este proyecto
representa el 65% del presupuesto total de Adaptación Social, y sólo cubriría
al 10% de la población penitenciaria. ·
Se gastaron casi $2
millones en consultorías y asesorías legales durante el proceso de concesión
del proyecto. ·
La seguridad es una
potestad del Estado indelegable, que es imposible concesionar a privados No. 222 OFICINA DE COMUNICACIÓN
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