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Boletín Virtual No 149, Año 5. Marzo de 2006.

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LAS  AUTONOMIAS PROVINCIALES/REGIONALES

UNA NECESIDAD URGENTE PARA BOLIVIA

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Por: Marcelo Arandia Alarcón (*)

 

A partir de la aprobación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea
Constituyente y la Ley de Convocatoria al Referéndum para las Autonomías
Departamentales, por unanimidad del Congreso Nacional, Bolivia comienza a
escribir otra página memorable de su historia en democracia.

 

Indudablemente, el proceso autonómico tienen que ver con reformas profundas
del Estado y no es sólo un cambio de dimensiones -de lo macro a lo micro-,
sino que implica transformaciones en la forma de concebir las visiones de
desarrollo, la redefinición organizacional de sus instituciones y su
relación con la sociedad civil.

 

En esa perspectiva, estos procesos son reformas democráticas del Estado que
necesariamente amplían las esferas de decisiones y adquieren legitimidad
mediante la elección directa de los representantes regionales a estos
escenarios.

 

Es en ese entendido que no se pueden desligar los procesos de
descentralización y autonomía de los esfuerzos de modernización del Estado,
pues en la práctica llegan a ser uno sólo. Por ello, la autonomía debe ser
concebida como un principio político que establece la capacidad que tiene un
nivel de gobierno (alcaldías, universidades públicas o gobiernos
regionales), para poder definir sus propias normas y ejecutar políticas para
su desarrollo en el ámbito de las atribuciones que le confiere la
Constitución Política del Estado (CPE).

 

Bajo ese criterio, la autonomía debe entenderse como un compromiso entre el
nivel superior depositario de la soberanía (el Estado con sus tres poderes)
y el nivel inferior, la provincia/región, al que se le transfieren:
legitimidad, recursos y atribuciones.

 

Siguiendo estas consideraciones, vemos que el proceso autonómico es
fundamental para la democratización ya que entrega a las regiones y/o
provincias un papel decisivo en la gestión de su desarrollo, pues no hay
autonomía sin fortalecimiento de la vida local. Ello implica un nuevo modo
de hacer gestión pública, significa redefinir el rol de un gobierno regional
a partir de un enfoque de desarrollo que considere necesariamente el
carácter participativo, inclusivo y equitativo de sus diferentes actores en
el desarrollo local.

 

Bajo esta premisa, es que  actualmente se encuentra la región del Chaco
Boliviano, que plantea la necesidad de acelerar los procesos de
descentralización a partir de la visión de región, planteando nuevas formas
de organización del territorio, descolonizando la estructura actual y que
responda con nuevos planteamientos a generar procesos de desarrollo
sostenibles, activando sus potencialidades, por ejemplo, en materia
agropecuaria y de manejo de los recursos naturales, se hace necesario
reorientar las políticas, programas, proyectos y la inversión pública de
acuerdo a criterios de priorización productiva que surjan desde el Chaco y
que respondan a una estrategia integral de desarrollo articulada a una
verdadera gestión de ese espacio territorial.

 

Sabemos que el mejoramiento de la calidad de vida es posible cuando se parte
desde el análisis profundo de la concepción de su realidad territorial,
incorporando a  su población, sus formas de organización, su geografía, sus
recursos y sus potencialidades. Si embargo, si se sigue con el diseño actual
de establecer lineamientos estratégicos de desarrollo ignorando las
particularidades regionales, se provoca que éstas iniciativas tengan poco o
nulo impacto en los espacios en que se intervienen (salud, educación,
producción, infraestructura vial, etc.).

 

Por ello, se plantea desde la Región del Chaco la necesidad de que el
proceso autonómico debe partir de una visión de unidad de país, tomando en
cuenta las diferentes sub categorías nacionales que sean  departamentales,
regionales-provinciales y municipales.

 

Es importante que el proceso de construcción autonómica, no se quede a nivel
de capital del departamento, sino que llegue hasta el nivel
regional/provincial, en ese marco el carácter participativo debe entenderse
como  la aceptación a este proceso previa concertación política de las
diferentes organizaciones sociales.

 

Por ello es necesario trabajar en la construcción de propuestas que permitan
llevar a la Asamblea Constituyente iniciativas orientadas a generar
adecuaciones y transformaciones en el diseño organizacional del país que
permitan establecer las condiciones favorables para un desarrollo integral
en regiones como el Chaco que hasta ahora sólo se han mantenido anquilosadas
por procesos centralistas de sus capitales departamentales. 

 

En este proceso, los actores locales tienen una gran responsabilidad, pues
hacerse cargo de sus políticas e iniciativas de desarrollo no es tarea
fácil, necesitará recomponer los poderes regionales, articular alianzas y
consensos, proponer alternativas de corto y largo aliento. Responder al
tamaño de la demanda y mostrar que algunos de los errores de las
administraciones pasadas, como las corporaciones, las entidades
descentralizadas de caminos, y otros han sido superados.

 

En este sentido, advierto que los cambios estructurales que podamos
efectivizar mediante la Asamblea Constituyente, nos permitirá avanzar en la
construcción de un verdadero desarrollo para la Bolivia, proceso que
queremos todos, de cara a los nuevos desafíos que la historia nos ha puesto
para construir un futuro mejor. 

 

(*) Director de CIPCA Regional Cordillera

 

 

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