CipcaNotas
Boletín Virtual No 154, Año 5. Mayo de 2006.
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GAS Y DESARROLLO RURAL
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Por: Carlos Hugo Laruta (*)
Podríamos pensar que con la nacionalización de los Hidrocarburos estamos en
puertas de un nuevo ciclo económico basado en los ingresos generados por
estos energéticos, su venta al exterior y su industrialización interna. Y
coincidir en que deben servir para apuntalar el desarrollo nacional. ¿Existe
coincidencia en los modos específicos de su utilización, cuando hoy una
masiva ciudadanía esta familiarizada con el tema y aguarda recibir su parte
del agua de lluvia que esperan, mojará a todos y por mucho tiempo?
Corresponde centralmente al Gobierno Nacional, pero también a las
Prefecturas, pronunciarse técnicamente en el debate, para orientar a la
nación sobre el uso más adecuado de esos recursos. Es claro que si hoy no
tenemos la capacidad nacional regional - municipal de localizar el
excedente, es decir de invertirlo bien para que genere riqueza de un modo
sostenible, podríamos llevarnos un chasco con la expectativa creada.
Bolivia vivió varios ciclos económicos asentados en lo extractivo, que
produjeron grandes excedentes. Los de la plata, estaño, petróleo. Comparando
trayectorias históricas de varios países, no parece imprescindible contar
con excedentes grandes para gestar el desarrollo. Mas bien, tienen una
importancia poco reconocida los factores internos a los propios países. Así,
quien (actores), cómo (métodos, sistemas) y en qué (rubros) invertimos como
país ese excedente, es central para no seguir echando eternamente la culpa
de nuestras desgracias a los otros.
El Gobierno Nacional vincula su anunciado Plan de Desarrollo Nacional (PDN)
al uso de esos excedentes. Y busca restaurar la centralidad del Estado en la
planificación y la orientación de la inversión. Conviene recordar que ya
tuvimos momentos gloriosos y miserables cuando ese Estado fue gestor del
desarrollo, o cuando la iniciativa privada al amparo o desamparo de su
relación con él creció y adquirió empuje, contribuyendo de distinta forma
al desarrollo nacional. Uno y otro actor, Estado-iniciativa privada,
deberían estar hoy involucrados y articulados del mejor modo posible,
aprendiendo de la experiencia de las décadas pasadas.
Desde la mirada de campesinos e indígenas, que han logrado interesantes
iniciativas económicas las últimas décadas, el PDN debiera contener una
Estrategia de Desarrollo Rural (EDR) que sea asumida como Política de
Estado. Entonces, el consenso político sobre ella es algo que debería
atenderse con sabiduría y cuidado para no cometer el error endilgado al
21060 y ver dentro de algunos años tirados, el PDN y la EDR enteros, por la
borda por merecer algún calificativo cuando los vientos político-ideológicos
cambien de dirección.
La EDR propuesta, con la experiencia de rendimientos y competitividad
diferenciados, vinculación alterna con mercados
regional-nacional-internacional, innovadoras formas de asociatividad y
dirección de la producción, debería abarcar la diversidad ecológica y
capacidad de la tierra del territorio nacional y considerar la diversidad
cultural que portan los actores del desarrollo rural.
Ya que el país cuenta con el marco jurídico mínimo referido a la tenencia y
asignación de la tierra, la ley INRA -que debe ser modificada por consenso
según lo demanden las transformaciones en el agro-, la EDR podría también
ajustar y complementar la Ley del Medio Ambiente, la Ley de Aguas, la Ley
Forestal, Ley de Municipalidades, y lo que resultara sobre Autonomías
Departamentales, tanto del Referéndum, como de la Asamblea Constituyente.
Sobre los actores, el impulso a las organizaciones económicas campesinas,
microempresas rurales, pequeñas y medianas empresas mixtas
(municipios-privados) y otras formas de emprendimiento rural, debería ser
uno de los modos específicos de apoyo a las iniciativas desarrolladas desde
1952 hasta hoy. Y debería contener toda una estructura de apoyo, como una
clara Jurisdicción Agraria y Ambiental, Sistemas de Innovación Tecnológica,
Seguridad Jurídica, Registro y Catastro actualizados, ágiles y
descentralizados, Banca para el Desarrollo Rural, Seguros de Riesgo
Agropecuario, y otros mecanismos.
Finalmente, si la EDR se incorpora en el Plan indicado, sería un modo de
descubrir que se ha desarrollado nuestra capacidad de localizar el excedente
y espantar a los fantasmas de la mentalidad rentista (una de cuyas formas es
el salarialismo y empleismo burocrático) que, aunque no se lo crea, pervive
en amplios sectores populares y del liderazgo nacional y regional, aún entre
aquellos que se consideran los más progresistas entre los progresistas.
(*) Sociólogo alteño, Director de CIPCA La Paz.
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