CipcaNotas

Boletín Virtual No 165, Año 5. Septiembre de 2006.

RED de comunicación del personal de CIPCA-Bolivia

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LA LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO EN BOLIVIA

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Por: Alcira Córdova (*)

 

 

En días pasados, cerca de 700 productores de hortalizas hicieron un bloqueo
de caminos en el valle bajo de Cochabamba en contra del contrabando de
hortalizas que vienen de otros países, especialmente de Perú y de Argentina.
La demanda principal era una acción concreta contra la internación ilegal de
productos agrícolas.

 

Esta movilización es un tanto inédita, puesto que siempre que se sabe de
bloqueos y movilizaciones -al margen de los temas, las razones y el sector-,
suelen ser los productores quienes más se ven perjudicados en sus
actividades cotidianas. Ahora son ellos quienes utilizan este método para
hacer escuchar su voz, sus demandas y propuestas.

 

En ese marco, no sólo es loable esta actitud de los productores, sino que se
espera sea la primera movilización en defensa de los intereses de los
productores rurales. Pues Bolivia es un país altamente vulnerable al
contrabando de productos agrícolas: manzana, uva, durazno, limón, cebolla,
pimentón y papa son algunos de los productos que abundan en los mercados
locales y ferias barriales de los centros urbanos del país.

 

Otro es el problema de la internación ilegal de productos como arroz, maíz,
trigo, azúcar y harina que son comercializados en el mercado interno como si
fueran productos bolivianos, desincentivando la producción nacional.

 

Recordemos que el año pasado, los productores de arroz ya nos habían
alertado sobre esta situación, cuando hubo una caída del precio de la fanega
(177 Kg. de arroz seco) de $us 32 a $us 12,  precio que no cubría sus costos
de producción y que contrariamente a lo esperado, no tuvo efectos directos
en los precios al consumidor.

 

Otro efecto negativo es la internación semi-legal, que consiste en el acopio
de grandes volúmenes de producción que ingresan a Bolivia a través del
contrabando hormiga, acogiéndose a la declaración de mínima cuantía. Son
miles de personas, quienes a falta de otra posibilidad económica, se
constituyen en la herramienta de trabajo de los contrabandistas y en
instrumento indispensable y necesario de internación de muchos productos,
principalmente alimentos.

 

Dentro de las políticas nacionales productivas presentadas en el Plan
Nacional de Desarrollo del gobierno de Evo Morales, se plantea una política
de comercio exterior que con la implementación de medidas a la importación,
pretende proteger al mercado interno y hacer frente al contrabando.

 

El PND, en su pilar Bolivia Soberana y con su política de protección y
fortalecimiento del mercado interno, plantea como un programa priorizado el
apoyo de la lucha contra el contrabando, sin embargo, este parece ser un
simple enunciado, porque no nos muestra elementos que apoyen esta acción.
Además parecería que toda la política de protección del mercado interno va
más orientada a fortalecer las exportaciones y analizar el marco jurídico de
los acuerdos comerciales.

 

La política de producción para la soberanía alimentaria del PND tiene un
vacío en cuanto a la protección de productos agrícolas y no se menciona un
programa que efectivamente luche contra el contrabando de estos productos,
que es el que afecta directamente a la economía de los productores
campesinos e indígenas. 

 

Mientras se planifican y operativizan estos nuevos programas y políticas,
son los pequeños productores los que siguen sufriendo las consecuencias de
este problema. ¡Ya es hora de que las políticas no sean más una declaración
de buenas intenciones y se conviertan en un hecho efectivo!  

 

En algunos casos, sólo sería necesario hacer cumplir ciertas normas
vigentes, como la Resolución Administrativa 144/2004 del SENASAG
(relacionada con la importación de bulbos de cebolla de Perú) para proteger
a nuestros productores.

En otros casos, establecer normas y disposiciones concretas en productos
sensibles como arroz, maíz o papa, asociado con un fortalecimiento a la
producción nacional. La soberanía alimentaria del país debería ser encarada
a través de medidas y normas más concretas en beneficio de los productores
campesinos indígenas. 

 

A todo esto deberían cooperar no sólo las instituciones mandadas por ley a
luchar contra el contrabando, sino las mismas organizaciones campesinas en
general y de productores en especial, y los municipios, que ahora en buena
parte, están en manos de campesinos e indígenas, quienes tienen por
actividad principal la agropecuaria.

 

 

(*) Economista en CIPCA - UAP

 

 

 

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