CipcaNotas
Boletín Virtual No 173, Año 5. Noviembre de 2006.
RED de comunicación del personal de CIPCA-Bolivia
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TIERRA Y PODER: UNA COMBINACIÓN PARA EL ENFRENTAMIENTO
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Por: Leila Cortez (*)
Las modificaciones a la ley INRA, ha puesto en evidencia nuevamente las
visiones opuestas que tienen los sectores involucrados respecto al acceso y
tenencia de la tierra; no es de extrañarse, por tanto, que ésta temática
genere confrontación y complica a cualquier gobierno que intenta implementar
alguna política al respecto, máxime si el pasado reciente devela amargas
experiencias y escasos resultados, principalmente para el sector indígena
campesino que lleva una larga historia de marchas, trámites interminables y
compromisos gubernamentales incumplidos.
Hoy, por un lado avanza la marcha indígena que reivindica su propuesta de
modificación a la ley agraria, presentada en junio al parlamento vía el
poder ejecutivo; por otro lado, hay presiones de los gremios
agroempresariales para que no se apruebe dicha propuesta de ley, a pesar de
haberse favorecido con el accionar del INRA en el pasado.
Para nadie es secreto que en vez de sanear la propiedad agraria en el país
-cual era el propósito- la ley INRA ha servido, en muchos casos, para
consolidar latifundios. No es culpa de la ley -que no es perfecta-, pero sí
de su aplicación y por tanto, de quienes estuvieron a cargo de aplicarla en
todo este tiempo, es decir, funcionarios de los gobiernos de turno. Esto es
fácil explicarlo porque muchos de los ex funcionarios provenían o respondían
a los gremios agroempresariales; prueba de ello es que, después que
perdieron el poder y por ende sus cargos públicos, éstos retornaron a sus
gremios de los cuales hoy son dirigentes o asesores; a su vez, varios de
ellos son ahora diputados o senadores.
Mientras en el país los sectores se movilizan, en el parlamento está en
tratamiento el proyecto de modificaciones a la ley que tiene correlato con
las aspiraciones y propuestas del movimiento indígena campesino del país.
Esto ha provocado el rompimiento del diálogo por parte de los gremios
empresariales con el gobierno, bajo el argumento de que dicha ley acabará
con el aparato productivo del oriente boliviano.
Mientras esto sucede, ante los ojos de las bolivianas y bolivianos, en la
provincia de Guarayos del departamento de Santa Cruz, viene dándose un
conflicto que representa uno de los casos más emblemáticos de la
problemática de la tierra en nuestro país.
Por cuarta vez, en cuestión de dos meses, en los municipios de Ascención y
Urubichá hubo enfrentamientos; cada uno de ellos ha dado como resultado
varios golpeados e incluso heridos de gravedad, como lo ocurrido en el
último enfrentamiento. Hoy hay familias amedrentadas, hogares violentados,
personas amenazadas, otras escondidas y hasta prisioneras porque no
pueden salir de su comunidad a sentar una denuncia bajo amenaza de ser
agredidos nuevamente. Aunque parezca extraño, esta vez se trata de una
disputa entre guarayos. He ahí la tragedia. ¿Cómo es posible que un guarayo
ataque a cadenazos, puñetazos y palazos a otro, quizás pariente, pero con
certeza, hermano, hermanos del pueblo guarayo, como se llaman entre los
indígenas? ¿Cómo fue que llegaron a ese punto, por qué pelean?
Por tierra y poder, es la respuesta.
En realidad, el conflicto data de tiempo atrás, desde cuando dirigentes
aferrados a los cargos de la COPNAG (Central de Organizaciones de Pueblos
Nativos Guarayos), máxima organización reivindicativa del Pueblo Guarayo,
negociaron tierras con empresarios que, al amparo de algunos asesores de las
organizaciones indígenas y ex funcionarios y ex autoridades del INRA,
hicieron aparecer como conciliaciones figura legal-. Así, los empresarios
interesados consolidaron sus tierras y dirigentes indígenas consolidaron
recursos económicos a cambio de tales favores.
Es recién en el año 2005 que la Central Comunal de Urubichá (CECU), afiliada
a la COPNAG, se propuso encabezar una investigación a fondo sobre cómo se
habían consolidado tantas propiedades privadas dentro de la Tierra
Comunitaria de Origen (TCO) del Pueblo Guarayo. No demoraron en develar que
todo aquello fue resultado de actos de corrupción en desmedro de su
territorio. Los resultados se hicieron públicos, el pueblo guarayo caía en
cuenta que partes de su territorio, por el cual marcharon y lucharon tanto,
habían sido vendidas de manera irregular. Cuando fue momento de identificar
a los culpables, más allá de los funcionarios del INRA y empresarios, la
lista de los guarayos involucrados se hizo larga, entre ellos figuran los ex
dirigentes de la COPNAG. En una asamblea determinaron una serie de sanciones
a estos hermanos traidores que iban desde el castigo moral hasta procesos
penales, pasando por la destitución de los cargos dirigenciales.
Los sancionados hasta hoy no han pagado por su delito, es que se
refugiaron en quienes tienen el poder político y económico en los
municipios, la provincia y el departamento de Santa Cruz, aquellos
empresarios con quienes conciliaron irregularmente sus tierras. Gracias a
esta protección es que, por ejemplo, los procesos penales se paralizaron.
Actualmente, cuando se trata nuevamente de defender una ley modificatoria a
la norma agraria que apunta a favorecer, en justicia, a campesinos e
indígenas y a revertir las tierras malhabidas de supuestos empresarios del
agro y la madera, los dirigentes comprometidos con los actos irregulares son
alentados por sus protectores a acallar a los dirigentes y pobladores
denunciantes, entonces estos malos dirigentes devuelven la gentileza por
la protección y acatan órdenes en sentido de organizar a unos cuantos
predispuestos a todo por unos reales, para que agredan a todo aquel que,
comprometido con la defensa de su TCO, pretende asumir la dirección de la
COPNAG y desde allí cambiar el rumbo de la organización en defensa del
Pueblo Guarayo, así tenga que pedir el desalojo y sanción de los
avasalladores en este caso los empresarios que hicieron las
conciliaciones- ante las autoridades pertinentes.
Es que los dirigentes conciliadores no quieren dejar la COPNAG, pues estar
en el poder es mantener el círculo de complicidad y protección con todos los
involucrados en estas irregularidades, empresarios que a su vez tienen
fuertes lazos con las autoridades locales, prefecturales y comités cívicos.
El tratar de recuperar partes de la TCO y defenderla, o de consolidar
tierras para su explotación individual, lleva a pelear también por el poder,
pues éste da, en cierta medida, garantías para salir ganando de esta batalla
que por ahora cobra heridas, mucha tristeza y daño a la hermandad del
Pueblo Guarayo que corrompidos y honestos, son todos perdedores. Entonces
¿quiénes son los que ganan en toda esta historia?
(*) La autora es comunicadora en CIPCA Santa Cruz.
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