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Todo lo secreto degenera
Armando Vargas Araya para «La República», 14 febrero 2005
Costa Rica requiere evolucionar aceleradamente, recuperar el tiempo perdido, ajustarse a la realidad cambiante y responder a las nuevas necesidades con el propósito de sacar máximo provecho al imparable proceso de mundialización. En el ámbito de la infocomunicación, al igual que en otras dimensiones del desarrollo, esta comprobación positiva exige arrancar desde la realidad actual para preservar lo mejor, descartar lo que ya no funciona y trazar la ruta hacia el porvenir. El reto es pasar de «las viejas innovaciones» (electricidad del siglo XIX, telefonía del siglo XX) a la implementación de la «sociedad red» del siglo XXI, en la cual las actividades humanas clave se basan en la tecnología de la información (TI), se organizan (globalmente) en redes informáticas y se centran en el procesamiento de información (símbolos).
El advenimiento de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) tiene que respetar la identidad costarricense y fortalecer el principio de solidaridad, al tiempo que acelera la innovación tecnológica y el dinamismo económico hasta arribar a una «sociedad red» socialmente sostenible. Otros países lo han logrado en las dos décadas más recientes y aquí también se puede hacer quizá en menor tiempo. La SIC se da en una pluralidad de modelos sociales y culturales, de la misma manera que la Sociedad Industrial se desarrolló según modelos de modernidad distintos y hasta antagónicos. El mapeo de los caminos que conducen a la Era de la Información muestra que las opciones son diversas y múltiples. Tan engañoso resulta argüir que la alternativa es monopolio estatal o monopolio particular, como afirmar que las opciones son apertura, privatización o monopolio. Baste mencionar el «modelo de mercado» de Estados Unidos, el «modelo autoritario» de Singapur y el «modelo de Estado de bienestar» de Finlandia.
El desafío consiste en concebir un modelo propio de economía mixta auténtica —en medio de presiones hegemónicas, de intereses político-empresariales, corporativistas o particulares— con la mira puesta en el progreso y bienestar general de la nación. En esta tarea hay que auscultar hacia fuera como escudriñar hacia adentro. Los mayores éxitos del desarrollo humano costarricense se consiguieron por esfuerzo propio, desde el énfasis temprano en la educación, el cultivo del café como proyecto nacional, la desmilitarización y la neutralidad, o la intervención estatal en salubridad, hasta la creación de un operador público de electricidad y telecomunicaciones. A su hora, estos y otros avances fueron desaconsejados por factores ajenos al desarrollo histórico del país.
Por eso escuece a diputados de varias fracciones parlamentarias que, a escondidas de la opinión pública y cuando la Administración Pacheco de la Espriella se acerca a su último cuarto de hora, se descubra que el gobierno utiliza buena parte de una donación equivalente a unos ¢225 millones, en la elaboración de una «estrategia privatista» de telecomunicaciones.
El «regalo desinteresado» (A050504-L-MS-ST-CR, por $372.000 más $110.000 cofinanciados por otros) se hace a través de un fondo de asistencia técnica de donantes múltiples para la promoción de «infraestructura con financiación privada» (Public-Private Infrastructure Advisory Facility, PPIAF), administrado por el Banco Mundial. Lógicamente, la apertura al capital privado favorece a inversores de los países que han aportado $92 millones a la PPIAF: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza.
Lidera la iniciativa el intrépido ministro de Hacienda, en su papel de coordinador del Consejo Económico, con apoyo técnico del reputado subgerente de Telecomunicaciones en la Administración Rodríguez Echeverría. El objetivo en Costa Rica, según la PPIAF, es promover la «participación de operadores privados». El producto del esfuerzo Carrillo-Echeverría debe ser entregado en Washington el 20 de setiembre venidero. ¿No es cierto que «quien paga la orquesta manda en la fiesta»?
En cinco años de existencia, la PPIAF había financiado la preparación de 38 proyectos de ley marco y sus respectivas normas regulatorias para abrir a la inversión privada la provisión de servicios públicos en puertos, energía, telecomunicaciones y acueductos, de los cuales 11 habían sido aprobados y 27 estaban en trámite (PPIAF Annual Report 2004). ¿Acaso la «socialdemocracia flexible» no pregona: «es sano que la iniciativa privada se ocupe de muchas funciones productivas asumidas por el estado en el pasado»? ¿No se intentó con Millicom traspasar a la esfera privada el suministro del servicio público de telefonía celular?
Llama la atención, en un empeño tan generosamente financiado, la ausencia de ICE, Racsa, Aresep, las cámaras empresariales de Infocomunicación y Tecnología o de Tecnologías de Información y Comunicación, los gremios profesionales y sindicales, las organizaciones de usuarios, los partidos democráticos, las universidades y las iglesias. Como se sabe, las oficinas del Consejo Económico distan pocos pasos del Despacho Presidencial desde donde se impulsa, con apoyo del Reino de España, la creación de un Consejo Económico Social como «cambio estructural en las relaciones entre los diversos actores de la sociedad costarricense».
«Todo lo secreto degenera», sentenció el historiador inglés Lord Acton y advirtió: «Solo es seguro lo que soporta la discusión y la publicidad».
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El mejor premio para cualquier autor es que su obra triunfe entre los lectores. La primera edición de El secreto encanto de la KGB, libro de doña Marjorie Ross, se agotó en solo tres meses. La casa editorial trabaja en la segunda edición.
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