San José, 07 de marzo de 2006
CARTA ABIERTA AL PODER JUDICIAL
La política de criminalización de las luchas sociales es
inconstitucional y violatoria de los Derechos Humanos
Señor:
LUIS PAULINO MORA MORA
Presidente.
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
Estimado señor Presidente:
Por este medio, la Coordinadora Nacional de Lucha contra el Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos, instancia nacional unitaria que aglutina hoy a
todos los sectores sociales que se oponen al TLC, se dirige a su Alta Autoridad
con el propósito de manifestar su preocupación y denuncia respecto al grave
sesgo represivo y antidemocrático, mostrado en los últimos años por el sistema
de administración de la justicia penal costarricense. En efecto, señor
Presidente, venimos a denunciar y a repudiar la sistemática política de
criminalización de las luchas sociales y populares implementada últimamente por
el Estado costarricense y en cuya ejecución vienen jugando un papel
preponderante los tribunales penales.
La Criminalización de las luchas sociales.
Hoy en nuestro país estamos asistiendo a una serie de enjuiciamientos penales
cuyos imputados suelen ser grupos y dirigentes sociales cuyo único “delito” ha
sido la manifestación pública y política ante las recurrentes arbitrariedades,
abusos de poder, vicios de corrupción e injusticias sociales, emanados todos
estos de las mismas entrañas del aparato estatal costarricense. Así, podemos
enunciar los principales casos que sin duda habrán de ser de su conocimiento:
1. Caso del ex diputado Célimo Guido y otros, condenado recientemente en
juicio de reenvio por los acontecimientos de protesta social contra el
monopolio español de RITEVE, concesionario de la revisión técnica vehicular en
Costa Rica, Tribunal de Juicio de San Ramón de Alajuela, Expediente Nº....
2. Caso de los dirigentes sociales Orlando Barrantes e Iván Molina por
acontecimientos de justa protesta y reivindicación llevados a cabo en Guápiles
por un conjunto de organizaciones campesinas, sindicales, juveniles y populares
de la región Atlántica en el año 2000, Tribunal de Juicio de Guápiles,
Expediente Nº 00-201797-485-PE. En este caso cabe hacer notar que el Gobierno
de la República tuvo incluso que reconocer entonces la justicia y la legalidad
de las reivindicaciones del movimiento social, a tal punto que firmó un Acuerdo
de Compromiso con esas organizaciones.
3. Caso de las familias campesinas de Bambuzal, Juzgado Agrario de
Guápiles, Expediente Nº 02-160218-507-AG, que irónicamente acudieron por su
propia iniciativa a los estrados judiciales agrarios para hacer valer sus
derechos de posesión y que luego, en un absoluto irrespeto y violación al
debido proceso judicial agrario y a la misma justicia cautelar, no sólo fueron
desalojadas violentamente, manu militari, de sus parcelas, no sólo les fueron
destruidas todas sus viviendas y todos sus cultivos, y no sólo ya llevan a dos
campesinos asesinados durante dichos desalojos, sino que fueron encausadas
paralela y fraudulentamente en la vía penal, Tribunal de Juicio de Heredia,
expedientes N°s 02-000291-573-PE, 03-000413-0573-PE y 05-0006-571-PE, acusadas
del supuesto delito de usurpación por el Ministerio Público y la poderosa e
influyente transnacional bananera Standar Fruit Cº, que dicho sea, cuenta entre
su staff de abogados con el concurso del ex-magistrado de ese Poder Ju
dicial, Dr. Ricardo Zeledón Zeledón.
4. Caso de familias campesinas de la localidad de Medio Queso en Los
Chiles de Alajuela, Finca el Combate, las cuales también han sido violentamente
desalojadas, encausadas y encarceladas por los tribunales penales de Ciudad
Quesada bajo el supuesto de usurpación de tierras.
El caso de los estudiantes universitarios Josué Arévalo y Cristian González
quienes fueron arrestados de manera arbitraria, por policías vestidos de civil
y armados (policías que en ningún momento se identificaron como tales), el
primero mientras viajaba en un autobús y el segundo mientras se encontraba
comiendo en un restaurante capitalino, hecho ocurrido luego de una
manifestación. Posteriormente procesados penalmente bajo el cargo de supuesta
agresión a un policía, acusación que después fue desmentida por los mimos
tribunales al demostrase que careció de fundamento, como así lo demuestra la
sentencia, que sostiene que el policía de apellido Solano mintió en su
acusación.
El caso del estudiante Rafael Avalos Barquero, expediente 05-020969-042-pe
(Fiscalía Adjunta, Segundo Circuito Judicial), quien el lunes 28 de febrero
recibe citación para presentarse al Segundo Circuito Judicial de Goicoechea
donde el Ministerio Público le acusa formalmente del supuesto “entorpecimiento
de servicios”, usando para ello lo que consideramos archivos paralelos de
personas que no han cometido delitos, pues entre las “pruebas” figuran
fotografías anteriores donde los supuestos “hechos” tuvieron lugar. Además en
el mismo expediente se menciona de forma explícita que existe un registro de
fotografías hechas al compañero Avalos en otras manifestaciones.
El caso del estudiabte Esteban Campos también es digno de mención, pues el
compañero, en su calidad de Presidente de la Federación de Estudiantes de la
Universidad Nacional, se dirigió a la Comandancia Policial de Heredia para
preguntar por un estudiante universitario que había sido detenido durante una
manifestación, y simplemente fue arrestado. Lo anterior sin que se le informara
la causa de la detención. Más grave resulta que el parte policial indique que
Campos fue arrestado en la manifestación, lo cual constituye una falta a la
verdad. Por si fuera poco al compañero Campos se le impusieron medidas
cautelares fuera de lo usual, y hasta el momento inéditas, se le prohibió (y
con ello se le restringió un derecho fundamental) acercarse a cualquier
manifestación pública, lo cual por supuesto limita el ejercicio propio de su
cargo, y denota una clara persecución hacia la representación estudiantil. A la
fecha, casi dos años del injustificado arresto, el compañero espera un j
uicio sin que se haya definido una fecha para su realización.
La crisis económica, moral y política de fondo.
Como podrá notar, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el fondo
de todos estos casos judiciales subyacen las políticas sociales y de desarrollo
implementadas por el Estado costarricense por medio de sus distintos Poderes y
Gobiernos en las últimas décadas. Estas políticas y el modelo neoliberal a
ultranza que les da sustento, han demostrado su rotundo fracaso para resolver
los más apremiantes y elementales problemas del pueblo costarricense. No es
ningún secreto el carácter excluyente, de marcada concentración de la riqueza y
de aumento alarmante de la pobreza de tales políticas. En este sentido ya no es
sólo desde el propio movimiento social o desde los sectores críticos y
pensantes de la academia costarricense de donde ha salido el cuestionamiento de
tales políticas y sus devastadores efectos sociales. El país en general y en
este caso el mismo Sistema de Administración de Justicia debe reflexionar sobre
las categóricas denuncias hechas por Monseñor Hugo Ba
rrantes Ureña máxima autoridad de la Iglesia Católica, en sentido de que
nuestro país se está polarizando de manera acelerada, permitiendo afirmar que
existen en este momento dos Costa Rica, una concentradora de riqueza y otra
paupérrima y excluida.
En un contexto de crisis moral y política de la clase gobernante y de acentuada
injusticia social como este, resulta entonces muy peligroso el sesgo
criminalizador de las luchas sociales que estamos aquí denunciando. Es un hecho
que las recientes reformas al Código Penal Costarricense - según las cuales hoy
se tipifican como delitos lo que antes eran simples contravenciones - responden
precisamente a ese carácter represivo que requiere la implantación de las
políticas estatales de capitalismo salvaje, donde ya no basta la pura y simple
represión policial sino que se impone la penalización de la protesta social.
Así entonces hoy tenemos que se le da un trato delincuencial a hechos que son
eminentemente sociales y políticos por su naturaleza y por los sujetos en ellos
implicados. Incluso hay una marcada tendencia de los entes penales y fiscales a
implantar de facto la odiosa y repudiada figura del “delito de muchedumbres” en
su acepción inculpante más radical tan propia de los
regímenes fascistas y dictatoriales. Esta es una Política Criminal ajena a la
objetividad que debe guardar el Poder Judicial, ajena al más básico sentido
social de la Justicia y del Derecho.
Y es que, en efecto, señor Presidente, basta remitirse a los fundamentos del
Estado Social de Derecho y al mismo ordenamiento jurídico constitucional del
país, para caer a cuenta que tales políticas de criminalización ya no sólo son
atentatorias contra tales principios, sino que violan normas fundamentales de
los Derechos Humanos, Políticos y Sociales integradas a nuestro bloque de
constitucionalidad por los tratados y convenios internacionales suscritos por
Costa Rica en esta materia. Este bloque de constitucionalidad contempla el
derecho de los pueblos a manifestar por todos los medios su pensamiento, sus
inconformidades y más aún, su protesta y oposición ante los abusos de poder, la
corrupción, la injusticia social, la exclusión y la discriminación emanadas de
los Poderes públicos.
Demandas del movimiento social.
Demandamos entonces de los administradores de justicia:
1- el cese inmediato de las actuales políticas de criminalización de las
luchas sociales,
2- la declaratoria de ilegalidad e inconstitucionalidad de tales prácticas
judiciales y
3- la pronta promoción de las reformas pertinentes al Código Penal
Costarricense.
No se trata entonces de intervenir en la independencia de los jueces. Se trata
más bien de intervenir y revertir la Política Criminal actualmente implementada
por el Estado costarricense a través de su Poder Judicial..
Convencidos de que tales Derechos Humanos y Constitucionales asisten al pueblo
costarricense y a sus organizaciones sociales, la Coordinadora Nacional de
Lucha contra el TLC manifiesta que esta Política Criminal de amedrentamiento,
penalización y represión hacia las organizaciones populares y sus dirigentes no
va a contener el descontento y la protesta social. Al contrario, las luchas
sociales corren el riesgo de aumentar conforme son más evidentes las muestras
de la injusticia social y de los abusos de poder, y conforme se corroe y
aumenta aún más la falta de autoridad política y moral de todos los Poderes de
la República, incluido el Poder Judicial.
Deseamos una pronta y pública repuesta de la Presidencia del Poder Judicial a
esta Carta Abierta y no omitimos manifestar que en su defecto, la Coordinadora
Nacional de Lucha contra el TLC abogará para que este asunto sea ventilado en
las instancias internacionales que estime pertinentes.
San José, Costa Rica.
COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TLC
Cc:
Medios de Comunicación.
Organizaciones Sociales.
Asamblea Legislativa.
Poder Ejecutivo.
Organismos Internacionales Derechos Humanos.
Conferencia Episcopal
Iglesia Luterana
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