EL RESPETO DE LA LEGALIDAD E INSTITUCIONALIDAD COMO HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES DE LA DEMOCRACIA
Por Alvaro Arnoldo Araya Alpízar La democracia es ante todo una forma de vida en sociedad que implica respeto y tolerancia, para encontrar en la institucionalidad espacios para discutir y elaborar soluciones para los problemas nacionales a partir de las coincidencias. Esta premisa necesariamente obliga a todos los interesados e interesadas en fortalecer el sistema democrático y, con un alto grado de compromiso cívico, las leyes e instituciones constituidas, a garantizar que sean el Estado de Derecho y las instituciones las que gobiernen, y no los caprichos de los políticos y gobernantes de turno. Entonces, el debilitamiento del sistema democrático no comienza cuando los actores políticos lo cuestionan, desde diversas perspectivas y con diferentes visiones, se inicia cuando al calor de la defensa de los intereses particulares convertimos las leyes e instituciones en instrumentos de uso y respeto condicionado. Cuando conviene abogamos por la defensa de lo normado y dictaminado y, cuando no, acusamos de antidemocrático y obstruccionista al que insta al respeto de la institucionalidad, para desviar la atención acerca de lo fundamental: el respeto del derecho de las partes a hacer uso de las herramientas que la misma legalidad e institucionalidad. Unos y otros, desde el G39 y los grupos que favorecen la entrada en vigencia del TLC, no se dan por enterados de las advertencias que hicieron oportunamente el Partido Acción Ciudadana y otros grupos político-sociales acerca de los cuestionamientos que hizo la Sala Constitucional sobre el proyecto Ley escoba de las leyes de implementación del TLC. De igual manera, cierran sus oídos para hacer las correcciones oportunas que hagan innecesaria la consulta de constitucionalidad, por lo fundamentado. ¿Por qué si el interés es que entre en vigencia a la mayor brevedad el TLC no escuchan y corrigen lo pertinente? Paciera que hay un entendimiento turbio para introducir en la mencionada ley normas y procedimientos que beneficien el desarrollo de sus empresas e intereses. ¿Por qué ahora algunos empresarios, dizque defensores de la institucionalidad, se suman a la campaña contra el PAC en lugar de defenderla? ¿Por qué la Asamblea Legislativa para su mejor funcionamiento, como dice la Dip. Morales, requiere consultar a los beneficiados de la ley sobre que incluir y que no? ¿Por qué tanta insistencia en introducir en la ley de referencia normas y requerimientos no obligatorios para la entrada en vigencia del TLC? ¿No será que hay mucha plata de por medio y que los interesados e interesadas la ponen al servicio de la campaña de desprestigio contra el PAC, como lubricante para obligar al silencio por aquello del precio político-electoral? La delegación del Poder conferido en un proceso de consulta ciudadana a determinados actores políticos no los faculta para imponer dictatorialmente sus decisiones e intereses, obligando a la oposición a hacer caso omiso de la misma legalidad e institucionalidad que los llevo al Poder. Vista así la democracia, pareciera que no es otra cosa más que utilizar la legalidad e institucionalidad para gozar de los beneficios que implica el haber obtenido el Poder. Es decir, para los que así piensan, los procesos de consulta popular sea cuales sean- no son otra cosa más que una aprobación o desaprobación del derecho de los elegidos para que hagan y deshagan, según sus intereses. Entonces, hoy más que nunca, se hace necesario que las leyes y las instituciones sean reconocidos como los límites y garantes del ejercicio del Poder, si lo que se quiere en verdad es que conservemos, como sociedad, la democracia como forma de vida. . "Grande es la coherencia, pero aún más grande la verdad, desde un punto de vista práctico, cuando se es consecuente siempre, sin dejar que el silencio venza la verdad".
