An example of what was Argentina in 1976: War Councils against workers in
Salta.

SALTA, 11(PSI).- EL CONSEJO DE GUERRA SALTEÑO.
A 25 años de la instauración del Estado delincuencial del 24 de marzo de
1976, recordamos en esta provincia hechos que forman parte de la historia
del movimiento obrero y consecuentemente del peronismo, sobre los que se
ensañaron los asaltantes del poder.

El domingo 11 de abril de 1976 por resolución de la “Intervención Militar” en
esta provincia, fue instaurado un “Consejo de Guerra Especial Salta” que le
costó a tres dirigentes sindicales siete irrecuperables años de cárcel.

En un allanamiento realizado en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica
(Seccional Salta), efectivos de la policía provincial hallaron dos armas de
puño, que fueron consideradas “material bélico” lo que dio pié a una acusación
por tenencia y uso indebido de armas de fuego y explosivos.

Entre los inculpados –que fueron siete en total- se encontraba Mario
Amelunge Vargas, entonces secretario general de la organización sindical y
delegado regional de la Confederación General del Trabajo (CGT), un dirigente
de fuerte personalidad y verbo encendido.

Ese día, el Consejo de Guerra Especial Estable “Salta”, se constituyó en el
aula “Teniente General Juan Carlos Sánchez” del Destacamento de Exploración de
Caballería de Montaña 141 “General Güemes”, integrado por un presidente, cinco
vocales, un fiscal, un auditor, siete defensores y un secretario.

Inició sus actividades a las 9,30 horas y se encontraban presentes algunos
periodistas y sólo tres civiles, entre ellos la esposa de Mario Amelunge.

Además del secretario general de la UOM, en el banquillo de los acusados
estaban, también, los gremialistas Dardo Zuleta, Román Vázquez, Augusto
Tomás Zambrano, Alfredo López, Crescencio Chocobar y Alfidio Ordóñez.

El 19 de abril el Consejo de Guerra dio por finalizada su sumarísima tarea.
Mario Amelunge, Alfredo López y Tomás Zambrano, fueron condenados a siete años
de reclusión y Román Vázquez, a uno. Los restantes inculpados fueron absueltos.

Los medios periodísticos –que habían sido invitados limitadamente a cubrir la
información- no dieron a conocer los nombres de los militares que integraron el
Consejo de Guerra, por la censura impuesta.

De la misma manera y objeto de que nadie reconociera a los que actuaron
como jueces o “defensores” se prohibió la toma de fotografías.

Durante el desarrollo del episodio, prestaron declaración cuatro miembros
de la policía provincial en calidad de testigos: Gregorio Galo Rodríguez,
Ramón Luna, Jorge Alberto Mendieta y Alfredo Raúl Nieva. También lo
hizo el asesor legal de la UOM, el abogado Horacio Félix Bravo Herrera,
quien fue advertido por el tribunal, en el sentido de que no debía
abandonar el radio urbano de la capital.

Según las informaciones, reconstruidas a partir de informaciones
proporcionadas por ocasionales y circunstanciales testigos periodísticos de
esta comedia bufa con final terrorífico, los miembros del tribunal insistían en
indagatorias para saber cómo funcionaba el sindicato y de qué manera se
administraban sus recursos ante la imposibilidad de poder comprobar que las
armas encontradas en el interior de la sede sindical pudiesen ser la chispa que
prendiera la revolución armada en esta provincia.

La última sesión del Consejo de Guerra, había dado comienzo a las 21 del
19 de abril. Veinte minutos más tarde, las sentencias ya estaban impresas. Las
autoridades del tribunal, dijeron a los pocos periodistas presentes, que los
acusados tenían la oportunidad de apelar los fallos. Y señalaron que tenían una
hora para hacerlo ante el “Supremo Tribunal Militar de la Nación”.

Años más tarde, algunos de los damnificados por la tragicomedia, dijeron
que jamás se les informó de tal recurso y que, de haberlo sabido, no habrían
podido presentarlo, al carecer de asesoramiento legal en la materia. Sus
“defensores”, jamás apelaron. Las sentencias fueron cumplidas por todos los
condenados.- XXX

Néstor Miguel Gorojovsky
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