Estimados compañeros:
   
  Este artículo de Rubén Hernández expresa con sencillez los argumentos 
constitucionales que la mayoría de los costarricenses esperábamos que nos diera 
la Sala Constitucional, por fin, para poner las cosas en su lugar.  
   
  Qué penoso que algunos queridos amigos juristas se dejaran embarcar en ese 
adefesio de reclamo que presentaron a la respetada Sala IV.  Y cuánto lo 
lamento por mi querido buen amigo y excompañero de estudios Luis Baudrit, a 
quien aprecio y admiro desde que éramos estudiantes de secundaria.  Tengo la 
impresión (aunque podría estar equivocado) de que la Rectora lo embarcó.  Lo 
digo después de haber leído el documento que suscribió esta señora acerca de la 
decisión de la Sala.  Muy lamentable de parte de una persona que ocupa una 
posición tan importante.  En dónde está la objetividad de la funcionaria en 
este asunto?  
   
  Uno e los aspectos interesantes a considerar ahora (y una gran enseñanza para 
el pueblo costarricense) es que no es razón suficiente ser abogado para 
pretender interpretar la Constitución Política de Costa Rica y aducir que un 
tratado (o cualquier proyecto de ley) es inconstitucional porque así lo 
consideran unos pocos juristas no especializados en ese campo.  La Sala IV los 
puso en su lugar.  Ahora ese jueguito y los prejuicios "político ideológicos" 
se van a resolver mediante el voto secreto expresado en las urnas electorales.  
Por eso digo una vez más que ha ganado nuestra democracia.  
   
  Leamos el artículo de Rubén:  
   
  "Un voto previsible 
   
  Objeciones por prejuicios ideológicos, no por razones constitucionales

  
Rubén Hernández Valle
Abogado


  El voto de la Sala Constitucional que declaró que el TLC no contiene vicios 
de inconstitucionalidad era previsible por varias razones.
   
  Primero, el tratado no contenía ningún vicio de procedimiento, pues tanto la 
Comisión de Asuntos Internacionales como el Plenario tuvieron el cuidado de 
tramitarlo con apego irrestricto a la Constitución y al Reglamento Interno. 
Ahora la Sala lo ratifica categóricamente.
   
  En lo sustantivo, tampoco la resolución produce mayor sorpresa, pues quien 
haya leído el tratado con detenimiento y sin al antifaz del dogmatismo 
enceguecedor de sus detractores puede constatar lo que cinco magistrados de la 
Sala dijeron: no contiene cláusulas contrarias al derecho de la Constitución.
   
  Los cuestionamientos de la UCR –por cierto suscritos en su mayoría por 
personas ajenas a las Ciencias Jurídicas– era muy endebles y carentes de 
profundidad, como ha quedado demostrado, reiteradamente, cuando han sido 
enfrentados públicamente con algu- nos funcionarios de Comex y especialistas en 
materia constitucional.
   
  Premisa falsa. La consulta de la Defensoría, en la gran mayoría de sus 
argumentaciones, partía de una premisa falsa: que el tratado derogaría la 
legislación vigente en lo ambiental, de seguridad social, etc., y como 
lógicamente su texto no contempla todas las materias que cubren estas 
disciplinas, entonces existe inconstitucionalidad por omisión. Obviamente, tal 
razonamiento era a todas luces equivocado, pues el tratado no deroga el 
ordenamiento vigente, sino que más bien lo complementa y lo enriquece. 
   
  Las objeciones del PAC y compañeros de viaje, basadas muchas en el documento 
de la UCR, también eran débiles y carentes de rigurosidad jurídica. Da la 
impresión de que dispararon con escopeta para ver si pegaban alguna, sin 
cuidarse de profundizar los supuestos vicios de inconstitucionalidad de las 
cláusulas en las que podía haber alguna duda razonable acerca de la legitimidad 
constitucional.
   
  Sin embargo, cometieron el error de impugnar prácticamente todo el tratado, 
con lo que pusieron de manifiesto la falta de seriedad de la consulta, pues un 
elemental principio del sentido común nos indica que no puede haber un tratado 
que sea inconstitucional prácticamente en todos sus capítulos. Sería admitir 
que quienes lo negociaron son retardados mentales o fueron comprados por los 
negociadores de los otros países, lo que es un insulto para la inteligencia y 
la honra de los distinguidos costarricenses que prestaron sus luces para lograr 
un texto final equilibrado y muy beneficioso para el país.
   
  Rayando en hilaridad. Algunos de los argumentos esgrimidos producen casi 
hilaridad, como el relativo a la definición territorial. Sinceramente es 
difícil explicarse que alguien, en sus cabales, pueda plantearse la duda de que 
se estaba en presencia de un supuesto vicio de inconstitucionalidad. 
   
  El 90% de las objeciones formuladas ya habían sido resueltas por la Sala en 
las consultas de los TLC anteriores, pues este tratado solamente difiere de 
aquellos, en su parte sustancial, en que establece la apertura de los 
monopolios de seguros y de telecomunicaciones. En todo lo demás aspectos es 
prácticamente una copia al carbón de los otros TLC. En realidad, en esta 
materia nadie inventa el agua caliente, pues todo está inventado desde hace 
tiempo, sobre todo en temas comerciales en los que hay lógica tendencia a 
uniformar los tratados internacionales para profundizar la apertura de los 
mercados.
   
  En este caso, las objeciones se han dado simplemente porque uno de los 
firmantes es Estados Unidos. Es decir, las objeciones al TLC no son por amor a 
la Constitución ni por defensa de la patria, sino por prejuicios ideológicos, 
pura y simplemente. Si los tratados con Canadá o Chile, por ejemplo, hubieran 
sido iguales al TLC con EE. UU., ninguno de los que ahora se rasgan las 
vestiduras en defensa de la soberanía se hubiera inmolado en el altar de la 
patria, declarando urbi et orbi su inconstitucionalidad.
   
  Este voto nos deja una enseñanza valiosa: la razón, tarde o temprano se 
impone. La mentira, los argumentos truculentos están condenados al fracaso. Por 
eso, el 7 de octubre la mayoría del pueblo costarricense le dirá sí al 
progreso, sí a la inserción de Costa Rica en el siglo XXI y sepultará para 
siempre a los señores del “no”."  
   
  Saludos
   
  Rodolfo

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