Funcionaria dice haber recibido amenazas de muerte

Sociedad y Servicios
Fiscal de ANEP pide protección policial tras denunciar directivos 

Junta tomó dinero para financiar lucha contra TLC sin aval de asambleístas
Fiscal afirma que directiva liderada por Albino Vargas impulsa lucha
política

Vanessa Loaiza y Mercedes Agüero
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La fiscal general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP),
Nelly Rojas López, solicitó protección policial luego de que presentara ante
el Ministerio de Trabajo un informe sobre supuestas anomalías cometidas por
directivos de la organización.

En una carta enviada el 16 de julio a Fernando Berrocal, ministro de
Seguridad Pública, Rojas aseguró que luego de presentar su informe “he
recibido, por vía telefónica, todo tipo de amenazas para que retire la
denuncia (…) y temo por mi vida, la de mis familiares y compañeros de
labor”.

Berrocal confirmó anoche que remitió la solicitud a la Fiscalía para que
esta resuelva si procede o no prestarle protección.

La fiscal solicitó protección solo seis días después de enviar al Ministerio
de Trabajo un informe donde concluye que “algunos dirigentes perpetuados en
sus puestos” han dispuesto en forma discrecional del patrimonio de la ANEP y
han “embarcado” a la organización en un “proyecto político nacional” que
rebasa sus objetivos legales.

El documento –del cual La Nación tiene copia– también está firmado por María
de los Ángeles Fonseca Ortega y Luis Alberto Salas Sarkis, este último es el
secretario general del sindicato de empleados del Instituto Nacional de
Seguros (INS).

Francisco Morales, ministro de Trabajo, afirmó que la denuncia está en
análisis en el departamento de relaciones laborales.

Sin permiso. Los denunciantes sugieren que la actual junta directiva de ANEP
tomó dinero para financiar la campaña contra el TLC sin contar con el aval
de la Asamblea General, la cual reune a todos los agremiados. 

La directiva está conformada por 19 personas y la presiden el secretario
general, Albino Vargas Barrantes, y el secretario adjunto, Édgar Morales
Quesada.

Según la denuncia, el dinero utilizado proviene de la venta de un lote que
tenía la ANEP en Escazú. El terreno se vendió en $600.000 en el 2003, y
parte de los recursos sirvieron para pagar cuotas atrasadas a la Caja de
Seguro Social.

Al parecer, la directiva del sindicato acordó tomar dinero para la lucha
anti TLC y fue hasta el 25 de noviembre del 2006 que Albino Vargas pidió el
refrendo de la Asamblea.

Ese día, otra dirigente, María de los Ángeles Calderón, presentó una moción
para autorizar a la junta directiva a usar los fondos de la venta del
terreno “para casos de extrema urgencia político social”.

Las dos mociones fueron aprobadas. Con ello “la junta obtuvo un cheque en
blanco para disponer discrecionalmente de los fondos del sindicato”, agrega
la denuncia.

Aspiraciones políticas. Nelly Rojas agregó que los actuales directivos de
ANEP están “desvirtuando los objetivos legales de la organización” y
mantienen un ideario al que llaman “proyecto político en desarrollo”. 

Según consta en su Código de Honor, de 1999, la ANEP aspira a contraponerse
al proyecto político “representado por el bloque neoliberal que controla los
destinos de nuestra querida Costa Rica”.

Estas denuncias trascendieron ayer, un día antes de que la ANEP realice su
Asamblea Nacional, en la que se eligirá a la junta directiva para el período
2007-2009.

Édgar Morales rehusó anoche dar declaraciones a La Nación. 


Gruesos cargos 

Proyecto político “... el afán de protagonismo de algunos dirigentes
perpetuados en sus puestos, los ha llevado a desconocer el límite de sus
atribuciones y el verdadero propósito de ésta organización, disponiendo en
forma discrecional de su patrimonio embarcándola en lo que ellos mismos
califican como proyecto político nacional”. 

Lista de afiliados. “...tengo fundados motivos para dudar que las
convocatorias se estén realizando correctamente. (... ) Cuando he solicitado
esa lista (de afiliados) a la junta directiva, se me ha negado, alegando por
increíble que parezca, que se trata de un dato estrictamente confidencial.
Ese argumento fue aducido por el señor Secretario General y avalado por
algunos presentes”. 


 
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