COMUNISTES de
CATALUNYA difunde
De Equipo Nizkor: [EMAIL PROTECTED] LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA ACCIÓN DE PARAMILITARES EN LA UNION ES EN REALIDAD UNA FORMA DE ENCUBRIMIENTO DEL DELITO DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES. Reciban un respetuoso saludo. Por tercera ocasión en los últimos siete días queremos dejar en sus despachos nuestra Constancia Histórica y nuestra profunda Censura Moral ante sus silencios y sus omisiones frente a las actuaciones y las responsabilidades de la Brigada XVII en la tragedia que ha vivido y que vive la primera experiencia de Comunidad de Paz en el corregimiento de San José de Apartadó. Con el paso de los días son más contundentes las evidencias que verifican, ratifican y sustentan a la luz de la razón humana que las estructuras paraestatales se apoyan, sustentan y fundamentan en las fuerzas regulares como únicas responsables de la destrucción, persecución y asesinatos sistemáticos en la Comunidad de Paz. Como en el pasado su dinámica de terror se anuncia con la amenaza, se expresa en la intimidación, se recuerda en el acoso psicológico, se reestructura en la persecución y se llega al climax en la ejecución del crimen perfecto. Después de la muerte indigna, a sangre y fuego, el cinismo. Después de la muerte al justo, la mentira. Después de la muerte a los hombres de paz, la impunidad. Labrado el camino de la noche y la niebla, el cínico continúa su guerra, guerra sucia, guerra a los pobres. Hoy como ayer no cesan los atentados, las violaciones a la dignidad humana, la negación del derecho a la neutralidad, al ejercicio de ser población civil en medio de la guerra. Ahora nuevamente dejamos a ustedes el conocimiento de los anuncios de los victimarios. Nadie podrá decir que no se supo, tampoco argumentar que no se podía evitar y mucho menos evadir sus responsabilidades. El domingo 9 de julio al promediar el medio día, integrantes de la Brigada XVII, junto con integrantes de los grupos paramilitares hicieron presencia en la vereda La Linda, corregimiento de San José de Apartadó a hora y media del casco urbano. Entre los paramilitares se encontraba el desertor de las FARC - EP apodado "Alfredo", quién como expresamos en nuestra Constancia del 8 de julio participó en la masacre de 6 campesinos de la Comunidad de Paz en la vereda "La Unión". Al lado de las fuerzas militares se encontraba la exguerrillera Patricia y otro desertor apodado "Gerardo". Los armados ingresaron a la casa del campesino MANUEL HERRERA saquearon la vivienda, hurtaron bienes familiares y a través de él amenazaron a toda la comunidad expresando: "vamos a seguir asesinando, ya no solo a bala como en La Unión sino que les vamos a mochar la cabeza". Días antes de la masacre en La Unión el ejército ejercía control sobre los alrededores de la Comunidad de Paz tanto en la vereda como en el casco urbano del corregimiento. Con posterioridad a la masacre la presencia de militares y paramilitares se ha extendido a las veredas del corregimiento Bellavista, Mulatos, La Linda, La Cristalina, Buenos Aires, presionando, hostigando y robando los víveres de los campesinos. Pero si esta situación es persistente y continua, desde hace 40 meses, estamos enfrente de una acción sistemática, de una estructura, de una política y de unos modelos de represión, afinados en la impunidad. Por eso no es de extrañar, los procedimientos y la descontextualización de las actuaciones judiciales. El Fiscal designado para asumir el caso, luego que el Fiscal de Apartadó tomará las primeras declaraciones a familiares y testigos, se presentó en el casco urbano de San José de Apartadó, el pasado miércoles 12 de julio a las 4:25 p.m., acompañado del Comandante de la Policía de Urabá JESUS ANTONIO GOMEZ MENDEZ, miembros del Cuerpo Técnicos de Investigaciones, de la SIJIN y de otros escoltas que se movilizaron en moto y con sus rostros semicubiertos con pañoletas oscuras. Al lado de ellos un civil tomaba con aparente discreción imágenes de San José de Apartadó. Procedimientos e inicios inadecuados. Cualquier lector desprevenido percibe que la masacre ocurrió en la vereda La Unión del corregimiento de San José de Apartadó y no en el casco urbano de San José de Apartadó. ¿Por qué no se dirigió a La Unión? ¿Se desconoce que los perpetradores de la masacre entraron encapuchados, qué significa un operativo en la Comunidad de Paz con hombres armados y sus rostros semiocultos con pañoletas? ¿Por qué no se dirigieron actuaciones judiciales frente a los responsables de los hechos, que se ocultan tras prendas institucionales que les otorgan fueros especiales? Todo recae nuevamente en el círculo vicioso: lo fundamental son los testigos. ¿Pero por qué no se ha actuado frente a los victimarios que a pocas horas pueden ser tomados en flagrancia? Victimarios directos y cómplices, apoyos y ejecutores, en el mismo corregimiento intimidando y aterrorizando. Otros en compensación, de descanso. Otros en las guarniciones militares, tal vez, preparando la próxima incursión . ¿Por qué nunca los que hoy son desertores de la insurgencia armada han sido buscados en los archivos de las instalaciones militares o en los lugares en los que se evidencia en estrechos vínculos con los militares? En esta cruda realidad, la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se derrumba. No hay acciones efectivas no hay voluntad para evitar nuevos atentados. ¿ De qué sirve un formal apoyo a las Comunidades de Paz en los documentos oficiales o su presentación internacional en el Plan Colombia, cuando esta experiencia primera de neutralidad en medio de la guerra, es cuestionada, estigmatizada y aniquilada por el mismo Estado?. ¿No es acaso un contrasentido? Ante los nuevos anuncios de atentados contra la Comunidad de Paz no es suficiente decir: !Basta ya!. Es necesario decir que aquí no hubo garantías ni voluntad. Es evidente que hasta tanto los responsables directos e indirectos de tan graves atentados no sean destituidos, sancionados y castigados, todas las acciones son un artificio y serán motivo de juego y de risa. Ante la impunidad a lo que se ha llegado es al cinismo actitud última de nuestro erosionado Estado de Derecho. Desde nuestra Constancia Histórica y Censura Moral esperamos que algún día la conciencia de la humanidad permita esclarecer y juzgar los silencios, las omisiones, las complicidades y las participaciones que posibilitaron y desarrollaron este nuevo genocidio, anunciado y nunca evitado. Si un nuevo daño irreparable contra la Comunidad de Paz se realiza la humanidad por lo menos sabrá quiénes son los responsables. Con profundo dolor, COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ Santa Fe de Bogota, 14jul00 ********************************************************************************** De Agencia Pulsar: [EMAIL PROTECTED] CLINTON FIRMA PROYECTO DE COMBATE AL NARCOTRAFICO. El Presidente estadounidense, Bill Clinton, firmó el jueves una ley que autoriza 1300 millones de dólares para combatir el narcotráfico en Colombia. El paquete de ayuda involucra también a otros países de América del Sur. El proyecto aprobado por Clinton aumentará la presencia militar en Colombia, en donde la guerrilla, el ejército y los paramilitares mantienen un enfrentamiento armado que empezó en 1948, con el surgimiento del primer grupo rebelde. A más de los 1300 millones de dólares, el paquete de ayuda estadounidense incluye 60 helicópteros que facilitarán el traslado a la zona productora de coca y amapola de miembros del ejército colombiano, entrenados en Estados Unidos. El Congreso autorizó la presencia en Colombia de un límite de 500 efectivos militares y 300 contratistas civiles, quienes adecuarán aeropuertos. Analistas consideran que la presencia militar estadounidense en Colombia podría llevar a una guerra como la de Vietnam que se produjo entre 1960 y 1975. En dicha guerra Estados Unidos empleó 150 mil millones de dólares, destruyó el 70 por ciento del norte de Vietman, e inutilizó 10 millones de hectáreas de tierra. El proyecto de Estados Unidos de combatir el narcotráfico contempla también la eliminación de los cultivos de coca en Bolivia y Ecuador. Por ello, el paquete incluye 117 millones de dólares para mejorar pistas de aterrizaje en los aeropuertos de Curazao, en Brasil; Aruba, en las Antillas; y en la base aeronaval de Manta, en Ecuador. Estas instalaciones servirán a Estados Unidos para ampliar el control desde el aire y desde el mar en América del Sur. Dicha infraestructura reemplaza a las que mantenía Estados Unidos en Panamá hasta fines del año pasado en que entregó el control del Canal de Panamá a dicho país. (Co-As/LY-YZ/Au-Mt/Dg-Am/ap)
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