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COLOMBIA:
Operaciones militares
en Sumapaz:
TIERRA
ARRASADA
Mientras en el
Caguán las FARC y el Gobierno buscan acuerdos para desempantanar el proceso de
paz, 6.000 soldados invadieron la región del Sumapaz. El epicentro de los
combates con la guerrilla está en la Localidad Veinte de San Juan de Sumapaz,
jurisdicción de Bogotá, pero la ocasión fue aprovechada por la cúpula de la XIII
Brigada para extender los operativos a toda la Provincia en evidente maniobra de
crear un anillo provocador sobre el área del despeje. Habitantes y autoridades
civiles son rehenes de los militares en el llamado teatro de operaciones.
Defensor del Pueblo y personeros municipales tienen pruebas de atropellos
militares. Zozobra en los campesinos.
Operativos de tierra arrasada en Sumapaz
LA GUERRA LLEGO A BOGOTA Ametrallan escuelas en
Sumapaz. La Localidad 20 de Bogotá, Usme y Ciudad Bolívar bajo el fuego del
operativo “Aniquilador II”. Municipios cercanos como Pasca, Cabrera, Choachí y
Viotá entre otros, objeto de las restricciones establecidas por los decretos
02687 y 780,781 y 782. Censos de población, limitación de tránsito y de víveres.
En peligro libertades políticas.
Por
ALVAN
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
Por lo menos 5.000 unidades
adscritas a la 13 Brigada, la Quinta División y la Fuerza de Despliegue Rápido
mantienen desde el 30 de agosto en los 16.000 kilómetros de riqueza natural que
integran la región de Sumapaz, el denominado operativo “Aniquilador II”. Es, una
estrategia de anillo de cerco sobre el área de despeje, que en opinión de
entendidos busca presionar a la insurgencia para obligarla a negociar en
condiciones desfavorables, replantear las condiciones del área de distensión y
cercar sus alcances de operación militar ante una eventual ofensiva de las
Fuerzas Armadas, triunfalistas por los anuncios de apoyo militar norteamericano
bajo el Plan Colombia.
En vilo proceso
electoral
“Aniquilador II”, según
inquietudes de candidatos locales, golpea también el proceso electoral que se
adelanta en la región de Sumapaz y demás zonas afectadas, donde de tiempo atrás
el Partido Comunista y coaliciones cívicas han tenido representación en concejos
municipales y alcaldías. Las garantías políticas para adelantar una campaña
electoral sin contratiempos están cuestionadas y los candidatos tienen que
movilizarse en medio del terror y la zozobra. Precisamente en la Localidad 20 de
Sumapaz, se promueve la lista 502 para ediles locales, que encabeza el dirigente
popular Eliberto Poveda, seguido de Moisés Delgado, Carlos Díaz, Misael Baquero,
Servio Tulio Castellanos, Pablo Romero y Alexander Guzmán. También hay temor por
las consecuencias que pueda traer sobre el mercadeo de ganado y la feria mensual
que con este propósito se realiza en la región.
Vientos de
guerra
En Sumapaz se construirán
bases para un nuevo batallón del Ejército. Soplan vientos de guerra en el
páramo, guerra certificada por censos militares de población y operativos de
traslado de escolares y anuncios de que estos traslados pueden ser después de
población adulta. Una guerra diseñada por la cúpula militar y soportada en los
decretos del gobernador de Cundinamarca Andrés González y del alcalde de Bogotá
Enrique Peñalosa, 02687,780, 781 y 782 respectivamente, que se inició con
ametrallamientos desde helicópteros artillados y tanques Cascabel, cuya acción,
según testimonios de los campesinos, tuvo como primer objetivo la escuela de “La
Granada”, que quedó semidestruída.
Según otras denuncias, los
días siete y ocho de septiembre habían sido ametralladas construcciones
escolares en el plan de Sumapaz, vereda San José y otras en límites con el
municipio de Cabrera. La justificación fue que en ellas se encontraban
atrincherados los guerrilleros de las FARC, aunque la misma información no
concretó partes sobre combates. Los generales Euclides Sánchez y Arcesio
Barrero, comandantes de la Quinta División y la 13 Brigada respectivamente, dan
cuenta de 15 insurgentes caídos en combate, aunque la cifra no ha sido
confirmada. La Defensoría del Pueblo posee un video donde se testimonian los
ametrallamientos contra las escuelas. Además, denuncias recientes llegadas a
nuestro semanario dan cuenta de restricción de víveres, procedimiento contrario
al Protocolo Dos de Ginebra, que como la declaratoria de Zona de Operaciones
Especiales y los decretos del Gobernador y el Alcalde, son inconstitucionales y
no resisten un examen de un alumno de primer semestre de Derecho.
La insurgencia y el
campesinado
Como florero de Llorente para
el despliegue de operaciones militares, se ha tomado la utilización de
maquinaria del Distrito Capital por la insurgencia, para adelantar una carretera
que uniría a la Localidad 20 de Bogotá con el área de despeje. VOZ investigó los
antecedentes de dicha carretera y se encontró con la existencia de la Ley Tres,
expedida el 11 de enero 1.936, por la cual existe un trazado oficial autorizado
para adelantar la vía Bogotá-Usme-Plan de Sumapaz-Colombia, Huila. Por lo tanto
el trazado de la carretera es oficial y legal. En honor a la verdad hay que
decir, que la insurgencia desde las épocas de Juan de la Cruz Varela, tiene
arraigo en la región de Sumapaz y cercanía al campesinado, ganada con el apoyo a
sus peticiones. Ese respaldo insurgente a los intereses de los pequeños
finqueros, ha hecho que la guerrilla se vincule a proyectos locales de
desarrollo o lleve a cabo en medio de su accionar, obras como ramales de unión
entre veredas, uno de los cuales es el cuestionado por los militares, que parte
de la carretera oficial al sitio llamado “Mortiños”, favoreciendo a la comunidad
de San José, aunque su trazado culmine en El Duda. Los operativos militares
paralizaron tanto la construcción de la carretera central, como la del
mencionado ramal, lo que llevará a que los campesinos tengan que seguir sacando
sus mercaderías a lomo de mula.
Se pronuncia Personero
y campesinos
La acción militar no sólo
afecta a la Localidad 20 de Sumapaz en Bogotá, los municipios de Cabrera,
Gutiérrez, Une, Chipaque, Choachí, Sibaté, Pasca, Venecia, Fosca, Cáqueza,
Quetame y San Bernardo, sino que tiene serios alcances en el casco urbano
bogotano, en particular a la localidades de Usme y Ciudad Bolívar, que en
criterio de los mandos militares, del gobernador Andrés González y del alcalde
Peñalosa son también puntos de tránsito de la insurgencia.
En una carta elaborada por los
campesinos y entregada al Gobernador de Cundinamarca, al Comandante de la XIII
Brigada, la Procuradora Departamental de Cundinamarca, la Defensora del Pueblo
Regional Cundinamarca, el Alcalde Mayor de Bogotá y el Defensor del Pueblo de
Bogotá, se afirma:
“Los abajo firmantes,
residentes en las veredas “Las Aguilas”, “Hoyerías”, “Canadá”, del municipio de
Cabrera, “La Granada”, “San José”, “El Salitre”, “La Concepción” del Distrito
Capital y “La Totuma”, “El Palmar”, “El Duda”, “El Pedregal”, del Departamento
del Meta, con el debido respeto nos dirigimos a sus despachos con el fin de
solicitar su intervención para que cesen de manera inmediata las medidas que se
vienen tomando por parte de los integrantes de la Fuerza Pública, Ejército
Nacional (Fuerza de Despliegue Rápido, Brigada Móvil Número Uno, Batallón 39
Sumapaz, Batallones Contraguerrillas) entre otros, y que violan nuestros
derechos a la vida, a la libre movilización, derechos de los niños y ancianos
con medidas como el impedimento total y arbitrario del paso de víveres para
nuestros hijos, en los retenes ubicados a la salida del casco urbano de Cabrera,
Cundinamarca, único acceso vial a nuestras veredas y que dista inclusive, a
varios días de camino, por lo que tenemos que adquirir nuestros víveres,
especialmente en períodos de siembra y de colecta de cosechas”. José Joaquín de
J. Hernández, personero municipal de Cabrera, en documento dirigido a la doctora
Corina Duque Ayala, defensora del pueblo de Cundinamarca, considera que el
decreto dictado por el Gobernador de Cundinamarca debe ser estudiado
detenidamente, pues vulnera derechos fundamentales de la población civil, como
el derecho a la movilización libre, el derecho a la educación y los derechos de
los niños. Opina que los citados decretos parecen más un pequeño Estado de
Conmoción Interna, en unos municipios del Departamento que considera, sólo puede
proferir el Presidente de la República”.
Efectivamente, el decreto 2687
firmado el 19 de septiembre, establece el control del ingreso de personas y la
circulación de vehículos en los municipios de Cundinamarca antes mencionados, y
limita el tránsito en las vías de Fosca, Une, Cáqueza, Los Medios,Quetame,
Nazareth, Las Vegas, Las Aguilas, la Unión y La Playa, que conducen a Gutiérrez
y las de Pasca, Cabrera, Venecia y San Bernardo, que conducen a Guayabetal, como
también en la misma dirección las de Manzanares y Tunque y otras de Choachí, La
Calera, Fómeque, Viotá, Guataquí y el trayecto entre Beltrán, San Juan de
Rioseco y Cambao. La prohibición restringe el uso de maquinaria destinada para
la construcción, mantenimiento y conservación de vías en las áreas de operativos
militares, el uso y transporte de combustible (gas, gasolina y
ACPM).
De otra parte, la UP y el
Partido Comunista Zonal Cabrera expidieron un comunicado en el cual se
afirma:
“Rechazamos enfáticamente
la agresión militar que impide el normal desarrollo de las labores agrícolas de
nuestros campesinos, bloqueando el paso de alimentos, afectando nuestra economía
y poniendo en peligro la vida de mujeres, ancianos y niños que habitan la región
en la parte alta de Sumapaz”.
* Los anteriores artículos fueron tomados del
Semanario VOZ, edición
2063 de la semana del
27 de septiembre al 3 de octubre del 2000, que está a la
libre disposición para su publicación siempre y cuando se cite la
fuente:
WEB: www.go.to/voz
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