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Sent: Tuesday, June 28, 2005 11:07
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Subject: [memoriadelesilles] Anul·lació
judicis del franquisme
El Congreso pedirá mañana al Gobierno que estudie la
anulación de los juicios sumarios del franquismo
MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados tiene previsto solicitar
mañana al Gobierno que incluya un estudio jurídico sobre la anulación de
los juicios sumarios del franquismo en el informe que la Comisión
Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la
Guerra Civil y el franquismo va a elaborar como paso previo a la
redacción de la ley con la que se reparará la memoria de este
colectivo.
En concreto, el Pleno debatirá sendas proposiciones no de ley del
Grupo Socialista e Izquierda Verde (IU-ICV) en las que ambos grupos
parlamentarios se muestran partidarios de la revisión de las sentencias
emitidas en los juicios sumarios realizados al amparo de la legislación
franquista.
Sin embargo, los socialistas se muestran más cautos, ya que admiten
el "alto grado de complejidad" que implica la revisión de sentencias
firmes, aunque estas fueran dictadas basándose en las leyes de una
dictadura. Así, reconocen que esta petición puede chocar con la
"exigencia del principio constitucional de la seguridad jurídica" puesto
que implica la "derogación del principio de cosa juzgada".
EXPLORAR TODAS LAS POSIBILIDADES
El PSOE recuerda que a principios de los años 80 la doctrina del
Tribunal Constitucional extendió la aplicabilidad de la Constitución a
situaciones creadas con anterioridad a su entrada en vigor pero que,
precisamente por razones de seguridad jurídica, limitó su aplicación a
"aquellas situaciones que no hubiesen agotado ya sus efectos antes de la
promulgación del texto constitucional".
En cualquier caso, los socialistas subrayan que el "grado de
maduración" del proceso de recuperación de la memoria histórica en
nuestro país "hace necesario explotar todas las posibilidades" que el
marco constitucional actual ofrece para la revisión de esas
sentencias.
Por todo ello, proponen que el Congreso inste al Gobierno a incluir
en el informe de la Comisión Interministerial un "estudio jurídico sobre
la anulación de los fallos injustos emitidos en los juicios sumarios
realizados al amparo de la legislación franquista".
REVISIÓN IMPRESCINDIBLE
Por su parte, IU-ICV subraya que el proceso abierto por el Gobierno,
a instancias del Congreso, para estudiar la situación de las víctimas de
la guerra y la represión franquista y abordar su reparación moral,
social y económica "no puede cerrarse sin adoptar las medidas necesarias
para revisar sentencias, Consejos de Guerra y juicios sumarísimos
ejecutados durante la dictadura".
Izquierda Verde añade que su iniciativa no pretende "rebatir la
pureza formal" de estas decisiones judiciales, sino que, más allá de
razonamientos jurídico-procesales, lo que busca es que "se haga
justicia" rehabilitando el honor de los hombres y mujeres ejecutados
durante el régimen franquista por sus convicciones ideológicas.
En este contexto, IU-ICV propone que la Cámara Baja inste al
Ejecutivo a que la Comisión Interministerial adopte las medidas
oportunas para proceder a la "revisión de sentencias y anulación y
Consejos de Guerra y juicios sumarios ejecutados por motivos políticos
durante la dictadura franquista". FUENTE:http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20050627135325&tabID=1&ch=66
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Proposición no de Ley sobre revisión de
sentencias y anulación de Consejos de Guerra y juicios sumarios ejecutados por
motivos políticos durante la dictadura franquista.
Presentado el
25/10/2004, calificado el 02/11/2004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre revisión de
sentencias y la anulación de Consejos de Guerra y juicios sumarios ejecutados
por motivos políticos durante la dictadura franquista, para su debate en
Pleno.
Exposición de motivos
Es preciso traer a la memoria
a todas aquellas personas que durante el régimen franquista fueron
perseguidos, torturados, juzgados y ejecutados por motivaciones políticas, en
algunos casos meros "paseos" (ejecuciones extrajudiciales), pero en otros
casos los fusilamientos de los disidentes políticos se revistieron de algún
tipo de formalidad jurídica.
Sirva de ejemplo el caso de Julián
Grimau: detenido, torturado, procesado y ejecutado por el régimen franquista.
El 18 de abril del 63 comienza el juicio sin pruebas de ningún género, ni
testimonios directos, en el que el fiscal, cumpliendo órdenes de sus
superiores, le impone la pena máxima: la pena de muerte. Dos días después, el
20 de abril, Julián Grimau es conducido a Campamento en dónde un pelotón de
fusilamiento ejecuta la pena de muerte impuesta por un consejo de guerra en el
juicio sumarísimo seguido contra este dirigente del Partido Comunista de
España, detenido por la policía franquista entre los días 7 y 8 de noviembre
de 1962. Su único delito, como él mismo reconoció durante el procesamiento,
ser comunista y luchar en defensa de la libertad y por el restablecimiento del
estado legítimo y soberano arrebatado por la sublevación
franquista.
No es necesario ponderar la execrabilidad de este tipo
de crímenes cometidos durante la dictadura franquista, pues cualquier
demócrata entiende que la eliminación física del opositor político es
rechazable desde todos los puntos de vista. Pues bien, los herederos de
algunos de éstos ciudadanos ejecutados por sus ideas políticas por la
dictadura han tratado de restablecer el buen nombre de sus familiares y en el
curso de los procesos de revisión de sentencias se han encontrado con la
desagradable sorpresa de que los tribunales de un Estado democrático les
niegan esa restitución en virtud de ajuste al derecho de la época de las
sentencias de ejecución franquistas. Tal es el caso de la sentencia de 3 de
marzo de 1999 de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, por la que se
niega la revisión de una sentencia de 1963 por la que se ejecuta a Joaquín
Delgado y a Francisco Granado, según la sentencia, de acuerdo a la legalidad
entonces vigente.
Por tanto, únicamente debe entenderse al objeto
de la presente iniciativa en el contexto de los compromisos parlamentarios
dimanantes desde la resolución aprobada el 20 de noviembre de 2002 en la
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en que se condena la
represión franquista hasta la aprobación en Pleno de 1 de junio de 2004 en la
que se instaba a la creación de una Comisión Interministerial para el estudio
de la situación de la guerra civil y el franquismo con la finalidad de abordar
las reparaciones morales, sociales y económicas de los daños ocasionados a
quienes lucharon por la
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democracia y la libertad en nuestro estado.
Sin duda, este proceso abierto no puede cerrarse sin adoptar las medidas
necesarias para revisar sentencias y Consejos de Guerra y Juicios sumarísimos
ejecutados durante la dictadura franquista.
Con la presente
Proposición no de Ley no se pretende rebatir la pureza formal de esas
decisiones judiciales, sino que, más allá de razonamientos
jurídico-procesales, se haga justicia, rehabilitando el honor de los hombres y
mujeres ejecutados durante el régimen franquista por sus convicciones
ideológicas, a través de la anulación de los Consejos de Guerra y la revisión
de oficios de los juicios sumarios.
Por todo ello se presenta, para
su debate en Pleno, la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
La Comisión Interministerial creada por Real Decreto 1891/2004,
proceda a adoptar las medidas oportunas para proceder a la revisión de
sentencias y anulación de Consejos de Guerra y juicios sumarios ejecutados por
motivos políticos durante la dictadura franquista."
Palacio del
Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.-Gaspar Llamazares Trigo y
Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
FUENTE: BOCG. Congreso de los Diputados Núm.
D-100 de 08/11/2004 Pág.: 6
Proposición
no de Ley relativa a la realización de un estudio jurídico sobre la anulación
de los fallos injustos emitidos en los juicios sumarios realizados al amparo
de la legislación franquista.
Presentado el 01/10/2004,
calificado el 05/10/2004
A la Mesa del Congreso de
los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el
honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la realización de un
estudio jurídico sobre la anulación de los fallos injustos emitidos en los
juicios sumarios realizados al amparo de la legislación franquista, para su
debate en Pleno.
Motivación
Las Instituciones surgidas de
la Constitución de 1978 han desplegado, a lo largo de los años, un conjunto de
leyes, decretos y asignaciones presupuestarias dirigidas a reparar, en la
medida de lo posible, la dignidad de los hombres y mujeres que fueron víctimas
de la guerra civil o padecieron más tarde la represión de la dictadura
franquista.
Ha sido, sin embargo, durante estos últimos años cuando
ha surgido, con fuerza y determinación, la necesidad de afrontar una
recuperación de la memoria histórica de quienes sufrieron, primero la derrota,
después la represión y, por último, el olvido.
La sociedad española
de hoy reclama restablecer el equilibrio en la memoria histórica, que deshaga
la injusticia que supone el reconocimiento de las víctimas que lucharon en el
bando sublevado, frente al silencio que rodea a las que lucharon al lado de la
legalidad constitucional de la II República Española.
Una
recuperación de la memoria concebida como un fructífero instrumento que
fortalezca el espíritu de concordia y reconciliación que presidió la
elaboración de nuestro texto constitucional y que forme parte de la pedagogía
democrática que hemos de cultivar en nuestro país.
En esta
dirección, cobra especial relevancia la resolución aprobada por unanimidad el
20 de noviembre del 2002 en la Comisión Constitucional del Congreso de los
Diputados, en que se condena el totalitarismo, la represión franquista y se
aboga por la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos como
única forma civilizada de convivencia.
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Así mismo, el Pleno del Congreso de los
Diputados aprobó, el 1 de junio de 2004, una resolución en la que tras
reiterar la anterior de la Comisión Constitucional, instaba al Gobierno a
realizar un estudio de carácter general que "sistematice los derechos
reconocidos por la legislación estatal y autonómica a las víctimas de la
guerra civil y a los perseguidos y represaliados por el régimen franquista y a
elaborar un informe sobre el estado de la cuestión en torno a las reparaciones
morales, sociales y económicas de los daños ocasionados a las personas con
motivo de la Guerra Civil, de la represión efectuada por el régimen franquista
y también de los acaecidos durante la transición.
Dicha resolución
instaba también al Gobierno a remitir al Congreso de los Diputados un Proyecto
de Ley de Solidaridad con las víctimas que sufrieron daños personales en el
ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas durante la
transición a la democracia.
Para dar cumplimiento a los contenidos
de la citada Proposición no de Ley, el Gobierno -a través del Real Decreto
1891/2004 de 10 de septiembre- creó la Comisión Interministerial para el
estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el
franquismo.
Finalmente, y en el caso concreto del Presidente de la
Generalitat de Cataluña, Lluís Companys fusilado el 15 de octubre de 1940 en
el Castillo de Montjuïc de Barcelona, el Pleno del Congreso de los Diputados
aprobó el 28 de septiembre de 2004 una resolución que instaba al Gobierno a
ejecutar "el compromiso de iniciar las acciones necesarias que permitan la
anulación del Consejo de Guerra sumarísimo a que fue sometido el Presidente de
Catalunya Lluís Companys."
La revisión de sentencias firmes, en tanto
en cuanto constituye una derogación del principio de cosa juzgada, que es una
exigencia del principio constitucional de la seguridad jurídica, constituye
una materia con un alto grado de complejidad.
Así, aunque la
doctrina del Tribunal Constitucional, iniciada en sus tempranas sentencias de
31 de marzo y 6 de abril de 1981, extendió la aplicabilidad de la Constitución
a situaciones creadas con anterioridad a su entrada en vigor, precisamente por
razones de seguridad jurídica, limitó su aplicación a aquellas situaciones que
no hubiesen agotado ya sus efectos antes de la promulgación del texto
constitucional.
Sin embargo, el grado de maduración del proceso de
recuperación de la memoria histórica en nuestro país hace necesario explorar
todas las posibilidades que en esta dirección nos ofrece el actual marco
constitucional.
Por todo ello es por lo que el Grupo Parlamentario
Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que el
Informe sobre los derechos reconocidos a las víctimas de la guerra civil y a
los perseguidos y represaliados por el régimen franquista, que ha de elaborar
la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas
de la guerra civil y el franquismo, creada por el Real Decreto 1891/2004 de 10
de septiembre, incluya un estudio jurídico sobre la anulación de los fallos
injustos emitidos en los juicios sumarios realizados al amparo de la
legislación franquista."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de
octubre de 2004.-Daniel Fernández González, Diputado.-Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
FUENTE: BOCG.
Congreso de los Diputados Núm. D-82 de 08/10/2004 Pág.:
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