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Date: Fri, 1 Jun 2001 13:10:26 -0400
From: Gioconda Perez-Snyder <[EMAIL PROTECTED]>
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Subject: Un regalo envenenado

En Blanco y Negro      Un regalo envenenado

Eduardo Pizarro Leongómez

El debate en el Congreso en torno a unas medidas de excepción, con objeto de enfrentar 
la actual ola terrorista que sufre el país, ha despertado justos temores. Muchos 
recordamos con preocupación los excesos cometidos en el pasado bajo el imperio del 
Estado de Sitio. La delegación de facultades al Presidente Pastrana para que expida un 
"Estatuto Antiterrorista", nos recuerda con horror el Estatuto de Seguridad aprobado 
en 1978 al inicio del gobierno de Turbay Ayala. Bajo este Estatuto se cometieron 
tremendos abusos contra los derechos humanos, tales como, detenciones arbitrarias, el 
empleo sistemático de la tortura en las guarniciones militares o la multiplicación de 
juicios militares amañados contra civiles inocentes. 

 ¿Es posible derrotar al terrorismo sin medidas de excepción? Si nos atenemos a la 
experiencia de las naciones democráticas que debieron confrontar este tipo de retos, 
por ejemplo, Italia enfrentada simultáneamente a las Brigadas Rojas y a la mafia 
siciliana, o Alemania bajo el desafío de la banda Baader-Mainhof, la respuesta podría 
ser no. En uno y otro caso, se utilizaron medidas de excepción. Yo no dudo, a pesar de 
que sufrí en carne propia los excesos que se cometieron bajo el Estatuto de Seguridad, 
de la importancia de una "Ley de Guerra". Sin duda, es difícil enfrentar el terrorismo 
con normas diseñadas para situaciones de paz. 

Sin embargo, me parece que la cuestión no es si Colombia requiere o no normas de 
excepción. Sí, las requiere. La cuestión es si es conveniente para el país aprobar 
normas de excepción bajo la actual coyuntura nacional e internacional. Tengo serias 
dudas al respecto. Hace algunos años, el brillante periodista peruano, Gustavo 
Gorriti, se preguntaba con respecto a la guerra contra el terrorismo ciego de Sendero 
Luminoso, si era posible desarrollar una "guerra de contrainsurgencia democrática". 
¿Cómo garantizar la tranquilidad y la seguridad ciudadanas - que constituye un bien 
supremo - y, al mismo tiempo, dar plenas garantías judiciales?, se preguntaba Gorriti. 

Las guerrillas pueden secuestrar a miles de personas o utilizar las criminales pipas 
de gas en sus cobardes atentados contra pueblos indefensos y, sin embargo, en muchos 
círculos internacionales y contra toda evidencia, seguirán siendo vistos como unos 
"Robin Hood". Un oficial de las FFAA tortura a un solo detenido e inmediatamente va a 
ser criminalizada toda la institución en el ámbito mundial. El problema no es si esto 
es justo o no. El problema es que siempre - debido al horror en la memoria colectiva 
que dejaron las dictaduras militares -, habrá desconfianza hacia las FFAA de América 
Latina. Se requieren décadas para superar esta percepción negativa. 

Mientras que la guerrilla y los grupos paramilitares no tienen controles ni tienen que 
rendirle cuentas a nadie - la guerrilla se burla de los 12 millones de colombianos que 
gritaban en las calles "No más guerra" y los paramilitares continúan su ronda genocida 
a pesar del horror mundial -, las Fuerzas Armadas tienen normas jurídicas y controles 
institucionales. Esto puede ser leído como una desventaja. Yo no lo creo. Este 
conflicto armado no lo va a ganar quien tenga más libertad de acción, sino quien tenga 
más legitimidad. Si las Fuerzas Armadas continúan mostrando una mejoría significativa 
en su record de derechos humanos y una decisión inquebrantable de combatir sin respiro 
a los criminales grupos paramilitares, obtendrán mejores resultados que mediante mil 
leyes de excepción. Estas son un "regalo envenenado".

Pastrana ha nombrado a un tercer ministro de Defensa de lujo. Ojala Gustavo Bell no se 
equivoque. 



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