La respuesta es clara: para materializar el Estado
social.
La administración de Lucho Garzón acaba de presentar a
consideración del Concejo capitalino el proyecto de presupuesto general
para el año 2006. Dicho presupuesto contrasta de manera significativa con
el recientemente aprobado para la Nación y deja ver por qué las agencias
de calificación de riesgos le ratificaron la triple AAA al manejo
financiero distrital.
En Bogotá, de un total de gastos programados para
administración central de 6,4 billones de pesos, 4,6 billones, o el 72 por
ciento, corresponden a inversión, principalmente en los programas sociales
de educación, salud y alimentación. En la Nación, por el contrario, de un
presupuesto 15 veces superior de 95,3 billones de pesos, sólo el 9 por
ciento, o 8,9 billones, se destinará a inversión. Ello se debe a que en la
Nación, los gastos de funcionamiento (incluidas las transferencias) y el
servicio de la deuda consumen el 52 y el 39 por ciento, respectivamente,
de los recursos nacionales; mientras que en la capital de la república los
gastos de funcionamiento ascienden al 17 por ciento del total y el
servicio de la deuda al 12 por ciento.
Pero, ¿por qué se ha llegado a esta situación tan
alarmante en la cual el Distrito invierte 72 pesos de cada 100 que recibe
y la Nación apenas llega a 9 pesos de 100, es decir la octava parte? Se
trata de decisiones de política acumuladas que reflejan la variable
responsabilidad fiscal de los gobernantes. Hace poco, el ex alcalde Jaime
Castro criticaba a Lucho Garzón, tildándolo de alcabalero, por haber
impulsado y conseguido la aprobación del cobro de la contribución de
valorización que permitirá proseguir el desarrollo de la malla vial de la
ciudad durante los próximos 10 años. Sostenía que la carga tributaria de
los bogotanos es tres veces el promedio nacional. Cierto, como lo es
también su calidad de vida, la cobertura de los servicios públicos y,
ahora, la expansión de la atención social. No se puede aspirar a vivir en
una ciudad moderna y progresivamente incluyente como Bogotá, pagando los
impuestos de Moniquirá.
En cambio, en la Nación, a pesar de las sucesivas
reformas fiscalistas, los ingresos tributarios por concepto de la
actividad económica interna de todo el país, que suma 36 billones de
pesos, no dan abasto para pagar el servicio de la deuda prevista para 2006
en 37 billones. Y ello, a pesar de que la carga tributaria de los
colombianos es de apenas el 12,64 por ciento del PIB cuando en países tan
orientados a la actividad económica privada como Chile, esta asciende a
22,55 por ciento del PIB. El problema está en la incapacidad del Gobierno
Nacional para diseñar y hacer aprobar un sistema tributario equitativo y
productivo, libre de la infinidad de privilegios y exclusiones que
concentra hoy la carga de financiar el gasto público en las clases medias
y populares a través de impuestos indirectos regresivos como el IVA y el 4
por mil y de un impuesto sobre la renta que carece de la progresividad
exigida por la teoría tributaria y la Constitución.
Esa es la verdadera razón por la cual el saldo de la
deuda pública de la Nación se ha aumentado dos y media veces desde1998 y
que la reducción del déficit fiscal se finque en los ahorros y esfuerzos
tributarios de las entidades territoriales y no en los de la Nación. El
Estado social de derecho necesita, para su realización, recursos fiscales
que financien la materialización de los derechos de los asociados, tanto
los derechos de propiedad, como los derechos económicos y sociales que
garanticen cuando menos el mínimo vital la generalidad de la población.
El presupuesto de Bogotá crece con relación al anterior
en un 18 por ciento, más de tres veces la inflación. La respuesta al
interrogante de para qué tanta plata es clara: para materializar el Estado
social desde el gobierno distrital con la extensión de los servicios
básicos del Estado a todos los habitantes de la capital de la república.
Para continuar Bogotá sin Hambre y Salud a su Hogar; para mantener y
ampliar la malla vial y la infraestructura escolar y hospitalaria; para
acercarnos a una ciudad incluyente, próspera y solidaria con paz social y
política.
* Ex Auditora General de la
República
