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Boletín Virtual No 193, Año 6. Junio de 2007.

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El Desarrollo Rural y sus desafíos en las nuevas políticas de Estado

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Por Marcelo Arandia Alarcón (*) 

 

Si partimos del concepto que el Desarrollo Rural es un proceso orientado a
la transformación productiva e institucional de un espacio determinado,
tendiente a reducir la pobreza rural, veremos que la  transformación
productiva tendrá el propósito de articular competitiva y sustentablemente a
la economía del territorio a mercados dinámicos y el desarrollo
institucional tendrá como objetivo el estimular y facilitar la interacción y
la concertación de los actores locales entre sí y los agentes externos
relevantes, para lograr incrementar las oportunidades de la población pobre
en el proceso y  sus beneficios.

 

Es en este sentido, se hace necesario promover políticas publicas que
generen cambios estructurales sobre la manera de enfocar el desarrollo
rural, en la perspectiva de alcanzar una visión del desarrollo rural más
integral y sustentable que nos permita alcanzar una economía rural
fortalecida y con una sociedad rural más participativa y democrática para
lograr una efectiva transformación de la realidad del sector rural.

 

Para ello es necesario dejar de pensar que la identidad rural es sinónimo
del sector agropecuario, sino que debemos apostar a temas que dinamicen el
desarrollo rural y planteamos la necesidad de establecer vínculos con
mercados dinámicos, promover procesos de innovación tecnológica que permita
mejorar los actuales niveles de productividad y dinamizar los escenarios de
concertación social,  inter-sectorial y público-privada como mecanismo de
articulación de todos los sectores sociales del territorio.

 

Para nadie es un secreto que el Estado en los últimos años no le ha
otorgando la importancia y el rango necesario al desarrollo rural, este
sector al estar relegado a un segundo plano y al no contar con  un plan
nacional de desarrollo rural que oriente su accionar, ha replicado modelos
externos basados en concepciones de vida homogeneizantes, que al no
responder a nuestra realidad ha provocado que gran parte del sector sufra un
estancamiento, se soporten crisis recurrentes y situaciones de extrema
pobreza. 

 

Sin embargo, en el último quinquenio el país ha realizado ciertas
contribuciones en procura de reducir esta brecha entre la responsabilidad
estatal y el sector rural  a través del Sistema Boliviano de Tecnología
Agropecuario (SIBTA), sistema compuesto de varias entidades, destinado a
promover a nivel nacional y regional la generación y transferencia de
tecnología agropecuaria, esta iniciativa gubernamental está orientada a
promover y apoyar la modernización tecnológica y el desarrollo sostenible
del sector agropecuario, forestal y agroindustrial, a través de una activa
participación del sector privado.

 

Para el SIBTA la innovación tecnológica es un medio que permite contribuir a
la mejora sustentable de la sociedad boliviana, para ello busca mayor
competitividad de los productores agropecuarias con menor pobreza rural y
mayor equidad social, efectos que son sustentables sólo si van junto con el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la conservación de los
recursos genéticos y la consolidación de las instituciones y los mercados de
la innovación tecnológica agropecuaria.

 

En resumen creemos que estas iniciativas innovadoras deben ser perfectibles
y ajustadas a los tiempos de cambio que vivimos, mucho más en la actual
coyuntura en que nos encontramos diseñando los nuevos roles del estado en
materia de desarrollo rural, por ello se hace necesario que el Estado asuma
una verdadera rectoría en la elaboración y diseño de las estrategias de
desarrollo económico y social y que ellas apunten a garantizar una vida
digna para sus habitantes, valiéndose para la ejecución de esas estrategias
de todos los niveles gubernamentales y operativos intermedios. 

 

El Estado debe incidir más en la promoción de mayor inversión en el sector
rural, la otorgación de subsidios y asistencia técnica, con énfasis en
pequeños y medianos productores, debe asumir un rol de facilitador y
promotor del  desarrollo. 

 

Las nuevas políticas estatales deben poner énfasis en la planificación y
gestión territorial como mecanismo fundamental para el desarrollo rural
sostenible, se debe promover la creación del Catastro Rural para la
inventariación y el cobro de impuestos de las propiedades medianas y
grandes, estableciéndose incentivos en ventajas impositivas para las
unidades productivas que hagan uso sostenible de recursos naturales, así
mismo se debe incentivar la implementación  de políticas y normas que
promuevan prácticas de manejo sostenible en los diferentes modelos de
producción, de manera que la investigación participativa e innovación
tecnológica vaya combinando los nuevos conocimientos con el rescate de los
conocimientos locales.

 

 En un sentido más amplio, deberíamos esperar la intervención estatal sobre
la base de una verdadera transformación productiva que permita el
fortalecimiento de la participación social en todos sus niveles acortando
las diferencias de género, sobre la base de la equidad en el uso y acceso a
los recursos naturales. Para ello las nuevas políticas de  Estado, deben
considerar como elemento fundamental de este proceso, la estimulación para
la concertación de los diferentes actores entre sí y con los agentes
externos más importantes, para democratizar las oportunidades y la
distribución de los beneficios.

 

(*) El autor es economista de CIPCA Cordillera.

 

 

 

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