A PROPÓSITO DEL PROYECTO DE LEY DE DESARROLLO AUTONOMO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
ESPEDIENTE No 14.352 Construcción elaborada a partir de respuestas concedidas por el responsable de artículo a diferentes medios. Por Alvaro Arnoldo Araya Alpízar La Fracción Legislativa del PAC, ha sido coherente con los compromisos electorales asumidos por el Partido, ha hecho del proyecto de ley en discusión una forma de reconocer por la vía legal los derechos que la Constitución y los tratados internacionales le confieren a los pueblos indígenas. Desde la primera legislatura del año 2006, los diputados del PAC, en la Comisión de Asuntos Sociales, en la gerencia temática específica y las Jefaturas de Fracción sucesivas, se han esmerado en garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado. Y que en este esfuerzo, dice Alberto Salom, Jefe de Fracción, no se han escatimado esfuerzos para escuchar y construir con todas las partes interesadas, reafirmando una y otra vez el compromiso partidario con el proyecto, no sin dejar de señalar responsablemente que se trata del paso primero para el reconocimiento legal de los derechos negados históricamente a los indígenas, pero que también implica reconocimientos y deberes del Estado para con otras personas no indígenas que habitan los territorios objetos de autonomía, antes y después de aprobada la Ley de 1977. Esta realidad de compromiso partido integral es contraria a los argumentos expuestos la Coordinadora del Sur que esgrime el fatigado SLOGAN del PAC igual a todos para justificar la campaña de descalificación indiscriminada del Partido, utilizando a los indígenas como escudo electoral, para ganar simpatías a favor de tesis y partidos del espectro ideológico opuesto a los TLCs . Y es que el deseo de cuestionar al Partido en todo y en todo lugar, no les permite reconocer a algunos, también, que el Primer Congreso Ciudadano PAC, acordó apoyar el reconocimiento legal de los derechos indígenas a la libre determinación, expresado en el apoyo de la autonomía de sus territorios, mismo donde hoy resisten y reproducen su existencia material y espiritual como pueblos. La Fracción en pleno, incluidos quienes han expresado deseos de mejorar el proyecto en puntos específicos, no se han divorciado de este compromiso. Y esto se manifiesta, durante la discusión del proyecto en la Comisión de Asuntos Sociales, en la que los diputados (as) PAC justificaron por todo lo amplio el mismo en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indios y Tribales en Países Independientes, se reafirma vía mociones el derecho de estos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, para mantener y fortalecer sus identidades, lenguas, territorios y recursos naturales, en el Estado Costarricense. Y que en este contexto tienen el derecho a la libre determinación, ejerciendo el derecho a tomar decisiones y a autoadministrarse en su desarrollo económico, social y cultural, dejando atrás las amarras centralizadoras de DINADECO y sus dirigidas, las Asociaciones de Desarrollo Comunal, quienes al tenor de resoluciones de la Sala Constitucional, ejercen el poder como gobiernos de los territorios. En este contexto de discusión PAC del Proyecto, en el cual unos y otros argumentan para defender derechos, los partidos políticos tradicionales, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, así como el Movimiento Libertario, han otorgado al proyecto de ley una visión caritativa y piadosa, asumiéndolo en su silencio cómplice como parte perjudicial en el desarrollo del modelo de clientelismo y trafico de influencias conocido, con miras a las elecciones 2010. Es así como, sin esmerarse en garantizar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles, hablan de que ante la duda y el no ponerse de acuerdo sobre cómo implementar la autonomía, de acuerdo con las características y circunstancias particulares de cada pueblo y territorio, se debe continuar con el marco legal de 1977, sin ir más allá de lo actuado. Que es igual a poco o casi nada. Así las cosas, el PAC se enfrenta a dos tácticas de tergiversación de la verdad de sus compromisos y coherencia partidaria en las actuaciones legislativas de la Fracción, una donde se aducen supuestos o se esgrimen posiciones individuales argumentadas y respetables, pero que no representan el sentir del Partido, con el único propósito de obtener beneficios electorales, y otra donde se le hace el juego a los intereses políticos y económicos de quienes detentan el poder nacional, mostrando al Partido como responsable de las carencias del Proyecto. Esto sucede, mientras el tiempo pasa, y no se aprueba el proyecto de ley, y menos se corrigen las carencias que podrían amenazar la puesta en ejecución de la normativa. Y esto no es, ni más ni menos, que legitimar el en el tiempo el despojo de tierras, el desplazamiento y la integración socio-cultural forzada de las y los indígenas. En esta perspectiva, el estudio y el análisis objetivo de la realidad de los territorios y pueblos indígenas ha caracterizado el argumentar y proponer de los miembros de la Fracción Legislativa del PAC. Por el fondo, explica el diputado Olivier Pérez, la iniciativa actual de Ley resuelve, lo relacionado con el acceso y administración de los recursos de los territorios y posibilita con el tiempo la construcción de auténticas reservaciones indígenas, pero sin embargo deja sin resolver la atención de los problemas de la tenencia de la tierra antes y después de aprobada la Ley de 1977. Más allá de cualquier divergencia en torno a asuntos puntuales, la Fracción coincide en apoyar el proyecto porque entre otros, reconoce el derecho que tienen los indígenas para acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales que se encuentran en sus tierras y territorios, así como a la producción y comercialización de productos agrícolas. El mismo Diputado Pérez, agrega al mostrarse solidario con los derechos de los pueblos indígenas no existirá verdadera equidad y justicia social, sino se reconocen los derechos de quienes, como los indígenas, históricamente han sido despojados de sus tierras y cultura en nombre del progreso y los derechos de otros. El Proyecto es apoyado por la Fracción Legislativa PAC, entre otros porque la Nación Costarricense ha sido edificada negando históricamente el derecho de los pueblos indígenas a caminar su propio camino de construcción autonómica-administrativa en el marco de sus cosmovisiones, sin interferencias de instituciones y personas ajenas a sus territorios (Diputado Olivier Pérez). También, porque La Ley constituye una necesidad histórica impostergable para establecer relaciones de respeto e inclusión entre los pueblos autóctonos de Costa Rica, el gobierno y la sociedad nacional Su aprobación sería una muestra tangible del reconocimiento legal de los derechos y cultura indígena, y un paso firme en la construcción de relaciones de convivencia justas, equitativas y dignas entre todos los grupos étnicos que conviven en el territorio nacional (Diputada Lesvia Villalobos). El compromiso del PAC, como institución y como Fracción Legislativa, se explica porque en el Partido se cree firmemente en la necesidad de generar nuevos marcos políticos y jurídicos de justicia, solidaridad, inclusión y equidad social para que todas las minorías étnicas y de cualquier otra naturaleza tengan espacios de actuación y toma de decisiones. "Grande es la coherencia, pero aún más grande la verdad, desde un punto de vista práctico, cuando se es consecuente siempre, sin dejar que el silencio venza la verdad".
