LA PRIVATIZACION
ES UN ROBO
José Merino del Río*
Los gobiernos neoliberales de América Latina han vendido, y venden todavía, las empresas públicas que han sido compradas, casi en su totalidad, por transnacionales de los países más ricos.
Los programas de
privatización han significado, sólo en el período
1990-1999, la transferencia de más de 300 mil millones de dólares
del patrimonio público de las naciones latinoamericanas a diversos
poderes económicos de los centros del capitalismo mundial. El
producto de esa entrega de recursos públicos nunca se invirtió en
el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos, sino que
constituye uno de los mayores escándalos de corrupción en la
historia de nuestros países. Una verdadera mafia
político-empresarial se apropió de una inmensa riqueza acumulada con
el trabajo y el ahorro de varias generaciones. No es por casualidad
que América Latina sea el continente más desigual del
planeta.
Se produjo así con
las privatizaciones una doble expropiación. Las transnacionales del
Norte repatriaron beneficios fabulosos a costa del empobrecimiento de
nuestras naciones. Y los ricos latinoamericanos se hicieron más
ricos, despojando a las mayorías de la riqueza social que
representaban las empresas públicas.
Si bien el Estado
social no abolió la propiedad privada, sí creo un área de
propiedad social, jurídicamente propiedad de todos al servicio del
bien común. A pesar de que las cúpulas burocráticas estatales y
privadas utilizaron casi siempre en beneficio propio esa propiedad
social, no pudieron, sin embargo, impedir que los pobres pudieran
acceder a alguna parte de la riqueza del patrimonio común de la
nación.
En Costa Rica,
gracias a las luchas históricas de nuestro pueblo importantes
servicios públicos: educación, salud, agua, telecomunicaciones,
energía, seguros, finanzas, vivienda social, etcétera, fueron
sustraidos a la lógica mercantil del beneficio privado e integrados
a un concepto de propiedad pública que, pese a sus limitaciones y
abusos por parte de los plutócratas, garantizó una importante
inclusión de la población en el goce de derechos humanos
fundamentales.
Desde principios de
los años ochenta los neoliberales emprendieron una ofensiva contra
el sector público en todas sus formas. Lograron erosionar gravemente
la educación y la enseñanza, succionando recursos públicos que
hicieron florecer el sector privado, privatizaron una ancha faja de
los servicios financieros, también las industrias del cemento, del
aluminio, de los fertilizantes, así como otros servicios y
patrimonios públicos por medio de la figura de las concesiones:
aeropuerto, revisión técnica vehicular, playas, muelles,
carreteras. El expolio ha sido gigantesco, y algún día habrá que
cuantificar la suma.
La privatización
es un robo, pues significa de hecho transferir a los ricos la
propiedad de los pobres, cuya única propiedad era aquella de la que
pueden gozar los no propietarios, la propiedad social.
Ahora, con el TLC,
se quiere practicar un asalto programado a la propiedad social que
todavía forma parte del patrimonio de los costarricenses:
telecomunicaciones, energía, salud, agua, educación, seguros,
biodiversidad. Se insulta la inteligencia de los costarricenses cuando
se afirma que nadie quiere vender ni un lapicero que sea propiedad del
Estado; la privatización es un proceso, recordemos por ejemplo el
caso del cemento, se dijo entonces que se trataba de socializar un
bien público, colocando las acciones en muchas manos, hoy el cemento
es de capital extranjero y los ticos pagamos el cemento más caro del
mundo. Los cantos de sirena de la apertura sólo pueden desembocar en
las reglas del juego de la ley mercantil, precisamente lo que se trató
de impedir con el Estado social, en tanto que expresión de intereses
colectivos.
* Presidente del
Comité Ejecutivo del Partido FRENTE AMPLIO, integrante de la
Coordinación del Movimiento Alternativa de Izquierdas
(MAIZ).
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