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El Comercio,Lima
Se tenía los testimonios y los recuerdos. ¿Qué habían
dicho los testigos? Pues que para llenar los planillones del Frente
Independiente Perú 2000, el nuevo partido de Alberto Fujimori, se usaron
copias de las listas de personas que votaron en los comicios municipales
de 1998. Copias y no originales, con nombres y apellidos, números de DNI,
firmas y huellas dactilares para imitar.
Las narices de la actual ONPE olfatearon la pista y
empezaron a escarbar, pero cuanto más se avanzaba mayores eran las razones
-lógica incluida- que hacían poco creíble que 400 mil folios hubiesen
salido subrepticiamente de un almacén, se los hubiera fotocopiado y
devuelto sin que nadie se diese cuenta.
"Ya ven, ya ven", decían los sindicados como
responsables. Hasta que la luz llegó con el hallazgo de varios documentos
que permitieron encontrar otra explicación. O sea, papelito manda.
Fernando Tuesta, jefe de la ONPE, fue el encargado de
presentar ayer el trabajo interno realizado en las últimas semanas para
hallar explicaciones que antes no se quiso ver.
La labor, a cargo de un equipo liderado por Antonio
Zapata, permitió detectar la vía más probable por la cual se obtuvo las
copias de los planillones: un CD-ROM.
"Estamos presentando un trabajo técnico y no
político. Sus alcances los daremos a la procuraduría ad hoc que investiga
la corrupción y en paralelo iniciaremos acciones para determinar
puntualmente las responsabilidades administrativas y también penales",
dijo Tuesta.
Convenios e informe
El punto inicial de la nueva indagación fue un
convenio firmado en setiembre de 1998 entre la ONPE (de José Portillo) y
la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el mismo que sería ampliado
en noviembre y en junio de 1999. El propósito era digitalizar la lista de
ciudadanos que sufragaron en los comicios edilicios.
Según el personal de soporte técnico, se reprodujo
más de un original en CD-ROM, a pesar de las dificultades que ello
acarreaba y que más fácil era hacer una copia. ¿Y para qué? Pues la
calidad de las firmas reproducidas no hubiera servido para su
falsificación.
Hasta ahí, un indicio. Sin embargo, también se halló
un informe interno sobre el tema en el que se precisa una gran cantidad de
fallas en seguridad y vacíos que habrían permitido la manipulación de la
información digitalizada. El texto fue elaborado el 11 de mayo del 2000
por el bachiller en Ingeniería de Sistemas Vicente Caballero Montoro y
estaba en un anaquel, sin referencia del funcionario a quien fue dirigido.
Dice que hubo un plan piloto de escaneo de las listas
municipales de 1996 y que cuando empezó el trabajo de la UNI con las de
1998, "nuevamente no se definieron los procedimientos de controles, así
como tampoco las áreas de responsabilidades, lo que creó un ambiente de
informalidad que pudo conducir a circunstancias más críticas".
Tras el diagnóstico, las mayores deficiencias: "No
hubo mecanismos de seguridad de los activos de la información de la ONPE;
los operadores que trabajaron en la UNI tenían acceso a las imágenes en
todo momento; y no había control al ingreso de los medios de
almacenamiento, como disquet, incrementándose la posibilidad de salida no
autorizada de información".
Encontró también que personas ajenas al proyecto
tuvieron acceso a la información digitalizada: "El servidor de la UNI
estaba conectado a la red de la universidad, lo que permitió un acceso
externo no autorizado a la información almacenada en el servidor"; y que
una sola persona tuvo a su cargo, durante todo el proyecto, el traslado de
las imágenes digitalizadas en una computadora portátil.
En pocas palabras, había infinidad de potenciales
puntos de fuga de la información. Las preguntas clave, en todo caso, son:
¿Era posible que la jefatura de la ONPE no supiera esto? ¿Y la Gerencia de
Gestión? ¿Y la de Informática? El reporte de Caballero casi no fue tomado
en cuenta y es así que el 20 de junio del 2000, un mes después de su
versión, se difundió otra firmada por el gerente de Control Interno y
Auditoría, Carlos Palomares Villanueva, llena de contradicciones y datos
difusos, que concluyó en que debía imponerse una simple amonestación
escrita al gerente de Gestión Electoral, José Cavassa, y al subgerente de
Operaciones, José Benavides Hinostroza.
Hasta donde se sabe, nunca se cumplió la inocua
sanción.
La
justicia ya empezó a abrirse paso
Con
orden de detención
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