Aparte de la presión "comercial" (que es válida) se trata de una cuestión _moral_. No tiene asidero que el estado colombiano _obligue_ a sus nacionales a utilizar una plataforma privativa que apenas recientemente ha empezado a respetar stándares abiertos (y mejor no me pongan a hablar del chiste de la ISO y OOXML) cuando hay opciones que son libres (y otras no libres) que _si_ respetan estándares.
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