1.3.- Los procedimientos bancarios con los cuales nos endeudaron
El juez Ballestero, en su sentencia, menciona numerosas
irregularidades (en realidad, son maniobras casi siempre delictivas)
que cometieron los responsables del Banco Central y del Ministerio de
 Economía para contraer la deuda fuera de toda norma de control y a
espaldas de la gente. En el tema de los avales, también son
responsables las autoridades del Banco de la Nación y del ex Banco
Nacional de Desarrollo-BANADE. En resumen, dichas maniobras fueron
las siguientes:
1.-  Muchos préstamos fueron aprobados por el Banco Central por
actas secretas (fueron once actas en total). Cuando el juez solicitó
que se las enviaran, los responsables del Banco se negaron, y aún se
niegan.
2.- “El Banco Central no tiene registros contables de la deuda
externa, y sólo maneja los datos de ella en forma estadística”, dijo
al juez su entonces presidente, Dr. Adolfo Diz. Con el debido
respeto, sólo llevaban una libreta de almacenero donde anotaban cada
crédito que se pedía...
3.- El Ministerio de Economía no llevaba registro alguno de la
deuda, ni siquiera con fines estadísticos.
4.- Cuando el juez preguntó al mismo Dr. Diz dónde anotaban algunos
préstamos sobre los cuales no había ninguna documentación, ni
siquiera “estadística”, éste contestó, aunque parezca una broma, “en
una libreta negra”.
5.- Los peritos se quejaron que, tanto el Banco Central, como el
Ministerio de Economía, el Banco de la Nación y el ex BANADE, 
retacearon información y pusieron obstáculos a su labor
investigadora. Esos obstáculos permanecen aún en la actualidad.
6.- El presidente del Banco Central, Dr. Adolfo Diz, autorizó muchos
créditos sin el consentimiento del Directorio y sin rendir cuenta a
éste después, a pesar de que  la Carta Orgánica del Banco así lo
exige.
7.- Igual conducta tuvo el vicepresidente, Cristian Zimmermann, con
el agravante de que no informó siquiera al presidente Diz.
8.- Además de todas las maniobras descriptas, el Dr. Domingo
Cavallo, cuando fue presidente del Banco Central (1981), estatizó la
deuda de la empresas privadas y les otorgó un generoso seguro de
cambio. Esa medida aumentó la deuda externa pública artificialmente
en 13.000 millones de dólares.
9.- Ni el Directorio del Banco Central, ni el Ministerio de
Economía, realizaron un estudio sobre las condiciones económica y
financieras internacionales que aconsejaban no endeudar al país
(sobre todo a partir de 1979, que  fue justamente el período  en que
más deuda externa se contrajo).
10.- Las autoridades de ambos organismos oficiales desoyeron los
informes y las críticas que le elevaban sus propios cuerpos técnicos
(Gerencia de Investigaciones y Estadísticas Económicas, y Gerencia
del Sector Externo), y actuaron con “negligencia, impericia e
indiferencia” ante el peligroso crecimiento de la deuda.
11.- El acrecentamiento de la deuda externa privada y pública entre
1976 y 1982 fue “excesivo, perjudicial y carente de justificación
económica, financiera y administrativa”.
12.- La deuda se contrajo durante un gobierno militar, sin el
control del Parlamento que exige la Constitución Nacional.
13.- Las negociaciones con el FMI, que condicionaban el
endeudamiento, no fueron dadas a publicidad por el gobierno militar.
14.- Al 22 de enero de 1985, las empresas privadas habían obtenidos
créditos externos, aprobados por el Banco Central, por 23.000
millones de dólares; de entre las 70 deudoras más grandes, 26 eran
bancos y financieras, es decir, empresas que pidieron dinero para
represtarlo acá (en pesos y a tasas mucho mayores; en buena medida
fueron fondos que ingresaron a la “bicicleta financiera”).
15.- Agentes privados (como Narciso Ocampo y Juan Peralta Ramos)
gestionaron créditos en nombre del Banco Central, sin que puedan
conocerse los motivos que hubo para esa conducta irregular y si se
les pagó comisión por ello.
16.- El Banco Central pagó gastos,  comisiones y honorarios mayores
a los usuales en cada caso, sin dar explicaciones.
17.- Se redactaron en idioma inglés contratos de préstamos externos
pactados y firmados en Buenos Aires.
18.- La Unión de Bancos Suizos, al otorgar algunos créditos, influyó
 para que el Estado comprara la “Compañía Ítalo Argentina de
Electricidad”, que era del propio ministro de Economía, Dr. Martínez
de Hoz, en sociedad con dicho banco. Con el agravante (no figura en
el fallo del juez) de que se pagó por esa empresa un precio siete
veces superior al real (en 1975 fue tasada en 49 millones de dólares
por el gobierno constitucional, y en 1976, siendo ya ministro
Martínez de Hoz, el Estado la compró en 340 millones de dólares).
[Agregado personal de Néstor Gorojovsky: directamente vinculados con
la Unión de Bancos Suizos están, además, los hermanos Juan y Roberto
Alemann, figuras fundamentales en todo este proceso]
19.- El Banco Central exceptuó al BANADE y al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires de exigir los requisitos legales para otorgar avales a
grandes empresas que luego no pagaron sus créditos, debiendo hacerlo
el Estado.
1.4.- Los avales tramposos
Cualquier persona o empresa que desee obtener un aval bancario, para
 usarlo como garantía en la obtención de un crédito en otro banco,
debe cumplir muy estrictas normas técnicas: demostrar que tiene
solvencia, patrimonio, balances con superávit,  utilidades
suficientes como para pagar el crédito, que invertirá el crédito en 
un proyecto rentable, etc. Además, debe ofrecer una contragarantía al
 banco que le da el aval (casi siempre, exigen una hipoteca).
Sin embargo, en la época investigada (1976 á 1983), el Banco de la
Nación, el de la Ciudad de Buenos Aires y el BANADE, con expresa
aprobación del Ministerio de Economía y del Banco Central, otorgaron
240 avales sin ninguna de esas exigencias. Muchos de esos    avales 
fueron incumplidos por los avalados, y el Estado debió cargar con el
pago del crédito correspondiente. Además, el Ministerio de Economía 
no persiguió a los  deudores tramposos para recuperar lo ya pagado
por el Estado (ni siquiera les inició juicio, después de tantos
años). Tampoco hizo uso del llamado “derecho de excusión”, por el 
cual un avalista puede pedir al juez que primero le rematen los
bienes al deudor, y si con ellos no se alcanza a pagar la deuda,
recién se remata (o ejecuta) al avalista.
La situación de Martínez de Hoz y su equipo se agrava al considerar
los nombres de las empresas tramposas. No son humildes PyMes, sino
todas de gran envergadura: Acindar S.A., Autopistas Urbanas S.A.-
AUSA, Covimet S.A., Parques Interama S.A., Aluar S.A., Papel Prensa
S.A. (de propiedad de los diarios Clarín y La Nación),  Induclor
S.A., etc.
En total se otorgaron avales por 6.500 millones de dólares, de los
cuales los incumplidos tramposamente sumaron 1.405 millones. De
aquellos 6.500 millones, unos 1.500 millones se otorgaron a un sólo
grupo de intereses: Celulosa Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y
Papel del Tucumán.
1.5.- Los mayores responsables
El fallo del juez menciona a ocho responsables principales de esta
verdadera estafa cometida contra la Argentina.
En primerísimo lugar, responsabiliza al Dr. José Alfredo Martínez de
 Hoz. Inmediatamente después, sindica como responsables a los otros
tres ministros de Economía del Proceso Militar, Dres. Lorenzo Sigaut,
 Roberto T. Alemann y Jorge Wehbe.
En el mismo nivel de responsabilidad, el juez Ballestero señala a
los cuatro presidentes del Banco Central de ese período, Dres. Adolfo
 Diz,  Egidio Iannella, Domingo Felipe Cavallo y Julio González del
Solar.
Una mención especial merece la conducta del Dr. José Luis Machinea,
que fue Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante todo
el gobierno militar. El fallo del juez lo inculpa de “incumplimiento
de sus obligaciones de funcionario público”. Los dictámenes de los
peritos son más duros aún. El Dr. Sabatino Fiorino (de la Facultad de
 Derecho), en concordancia con otros peritos,  llega a decir:
- ... en la tramitación de la deuda externa hubo connivencia
 (de los funcionarios oficiales) con los supuestos acreedores...
- Tengo la convicción que el Dr. Machinea ha sido factor
relevante de estos acontecimientos. Sin su activo concurso, o su
pasividad, según los casos, no hubiera sido posible formalizar los
contratos...
- ... Machinea se encargó de fundamentar técnicamente... el
endeudamiento de YPF...
- ... No es posible disimular la falta en que ha incurrido
Machinea al no revelar la arbitrariedad de la relación entre el
deudor y el acreedor.
- ... Ello hace recaer sobre Machinea la consiguiente
responsabilidad y necesidad de no permitirle participar, en nombre
del país, en negociaciones que signifiquen la aceptación de la
legitimidad de la deuda...
Otros señalados, en forma particular,  como responsables importantes
 son:
Cristian Zimmermann (ex vicepresidente del Banco Central), Enrique
Folcini y Francisco Soldati (ex Directores del Banco Central), y
Guillermo Walter Klein (ex viceministro de Economía de Martínez de
Hoz). El Dr. Klein es hijo del economista del mismo nombre que
designó al perito Dr. Tandurella. También es, o era, socio del hijo
de Mariano Grondona en el Estudio Jurídico “Klein-Mayral”, que fue
allanado por orden de la Cámara de Diputados de la Nación, en 1984,
en búsqueda de documentación que probara la connivencia con los
bancos extranjeros acreedores. Un juez, posteriormente, ordenó
devolver la documentación a Klein, y la investigación de Diputados
quedó en la nada.
En forma genérica, el fallo hace responsables también a todos los
funcionarios jerárquicos del Ministerio de Economía y del Banco
Central de esa época.
1.6.- Agravantes
El Dr. Ballestero señala en su fallo que hubo circunstancias de suma
gravedad que comprometen aún más a los autores de este desastre
nacional:
Primer agravante
El gobierno (Ministerio de Economía y Banco Central) solicitaba, o
hacía solicitar créditos que no necesitábamos. Cuando llegaban los
dólares, el Banco Central los depositaba en bancos extranjeros que le
 pagaban un interés sensiblemente menor que el que nosotros debíamos
pagar por los mismos dólares.
Así, entre julio  y noviembre de 1976 (en sólo cinco meses), el
Banco Central obtuvo créditos por 22 millones de dólares, pagando un
interés del 8,75%, y los depositó inmediatamente en el Chase
Manhatann Bank de Nueva York, cobrando un interés del 5,60%.
Esos dólares nuestros, puestos a un interés tan bajo, eran
aprovechados luego por el gobierno de EEUU para financiar en forma
muy barata su propio déficit fiscal. Más adelante veremos que el
gobierno anglo-norteamericano, y todos los bancos extranjeros
acreedores nuestros, más el FMI y el Banco Mundial, fueron quienes
nos “aconsejaron” (en realidad, nos forzaron a) endeudarnos entre
1976 y 1983, cuando no lo necesitábamos.
Incluso, se dio el caso (varias veces) de recibir un crédito de un
banco determinado, para recolocarlo de inmediato en el mismo banco,
el cual ganaba la diferencia de intereses impúdicamente.
Todo ese manejo ruinoso de créditos y depósito adquiere ribetes
tenebrosos cuando se recuerda que el Dr. Martínez de Hoz era,
simultáneamente, ministro de Economía y miembro del Consejo Asesor
Internacional del Chase Manhatann Bank de Nueva York.
Segundo agravante
En todos los países civilizados del mundo, cuando se firma un
contrato entre el Estado y una empresa privada extranjera, y para
colmo se lo firma en el territorio de ese Estado, son los jueces de
dicho país (los locales) quienes deben intervenir si hay alguna
diferencia o duda posterior sobre lo pactado. Así estaba expresamente
 establecido en nuestras leyes.
Apenas se inició el gobierno militar, y a instancias del Dr.
Martínez de Hoz, se reformó esa norma y se permitió al gobierno
contratar con grupos privados extranjeros, dejando en manos de éstos
la elección del juez que intervendría luego en caso de pleitos. Eso
se llama “prórroga de jurisdicción”.
Es común que un particular renuncie a ser juzgado por los Tribunales
 que le corresponden por ley, pero se conocen muy pocos casos en la
historia internacional en que lo haya hecho un Estado, y esos casos
son los de los países vencidos en una guerra. Para el Estado, la
facultad de que lo juzguen sus propios jueces es irrenunciable,
porque forma parte de su poder soberano, de la soberanía nacional.
Por supuesto, cada uno de los bancos acreedores eligió a los
Tribunales de su propio país. De ese modo, cualquier reclamo que
deseemos hacer por nuestra deuda externa debemos elevarlo a los
jueces de Nueva York, en unos casos, o de Londres, Tokio o Francfort,
 en otros.
Es, quizás, uno de los más graves daños que nos han hecho, no sólo
por la pérdida de soberanía que eso significa, sino por las
consecuencias económicas que analizaremos más abajo.
Tercer agravante
Ya dijimos que el Ministerio de Economía obligaba a las empresas
públicas a endeudarse en dólares. Muchas de ellas no poseen bienes en
 el extranjero, ya sea en forma estable o transitoria. Otras sí.
A los bancos prestamistas les convenía, para tenernos más a su
disposición aún, que todas las empresas estatales se hicieran
solidariamente avalistas entre sí, por los créditos que tomara cada
una de ellas (se denomina “entrecruzamiento de avales”). Y así  lo
aceptó el ministro de Economía del gobierno militar. Todas las
empresas públicas avalaron en conjunto las deudas de cualquiera de
ellas. De ese modo, Aerolíneas Argentinas, por ejemplo (cuyos aviones
 vuelan, o volaban, hacia muchos países del mundo), avaló las deudas
de Obras Sanitarias de la Nación, de SEGBA, o de alguna otra cuyos
bienes estaban sólo acá. Si el deudor (OSN o SEGBA) no pagaba algún 
crédito, el banco acreedor podía embargar los aviones de Aerolíneas 
en cualquier aeropuerto del mundo en que aterrizaran. Nada menos.
Con toda razón, el juez Jorge Ballestero concluye su sentencia con
palabras condenatorias y muy severas:
.. el país fue puesto desde 1976 bajo la voluntad de acreedores
externos..., bajo la supervisión del FMI y del Banco Mundial...
mediante una política económica vulgar y agraviante que puso de
rodillas al país... para beneficiar a empresas privadas nacionales y
extranjeras, en desmedro de las empresas del Estado.
A pesar de todo, el juez no condenó a nadie, por considerar que la
causa ha prescripto (es decir, ha quedado sin efecto por el paso del
tiempo: 18 años). Desde nuestro punto de vista, eso es discutible, y
trataremos que sea apelado.
Vale la pena consignar que se nos dice permanentemente, desde los
sectores interesados, que debemos “honrar la deuda externa”. Pero,
objetivamente hablando y de acuerdo a las pruebas irrefutables
acumulados en este fallo,  la que no es “honrada” es la deuda misma,
y mucho menos honrados fueron los acreedores y los funcionarios
argentinos que la contrajeron. Mal nos pueden pedir que nosotros la
honremos.
La verdad es que, mientras no nos demuestren lo contrario, los
únicos honrados en esta verdadera tragedia nacional somos los
argentinos que tenemos que pagarla.
2.- ¿Podemos pagar la deuda externa sin provocar un daño enorme a
nuestra economía y a nuestro pueblo?
Tanto los principios morales, como el Derecho universalmente
aceptado, impiden a un  acreedor exigir el pago de sus créditos
cuando ello provocaría un daño muy grande al deudor. La sensibilidad
humana ha dictado esa regla respetada en todo el mundo. El mayor
poeta y dramaturgo de lengua inglesa (la lengua que hablan nuestros
más poderosos y exigentes acreedores) escribió hace 400 años una obra
 teatral (El mercader de Venecia) sobre la frialdad con que un
acreedor insensible e inhumano exige, como pago, “una libra de carne”
 del deudor, cuando éste ya no tiene dinero para “honrar su deuda”.
Sin ningún tipo de exageración, hoy podemos decir que los bancos
acreedores se están cobrando la deuda con una libra (o varias) de 
carne de nuestra gente. Es sabido que mueren 55 niños argentinos por
día, debido a la desnutrición. No hace falta relatar los sufrimientos
 que soportan nuestros abuelos jubilados, los desocupados, los
subempleados, los que salen a hacer changas para no dejar morir de
hambre a su familia, etc. Y hemos dicho ya que esas lacras sociales
son productos directos e ineludibles de los 11.700 millones de
dólares que debemos pagar de intereses anuales por la deuda externa.
Además, esa tremenda factura de intereses se lleva casi todo el
dinero que deberíamos destinar a inversiones productivas para
desarrollar nuestra economía y  crear nuevos puestos  de trabajo.
Por otro lado, en Derecho se estudia que, cuando un deudor es más
débil  que su acreedor, y éste le exige sacrificios muy grandes para
cumplir con lo pactado, dicho deudor está liberado de cumplir con lo
que prometió. A ese caso se lo denomina “lesión gravísima”.
Nosotros estamos sufriendo una auténtica situación de “lesión
gravísima”. Moral y jurídicamente estamos eximidos de pagar.
El problema es que, si quisiéramos hacer valer ese derecho,
deberíamos pleitear ante los Tribunales de Nueva York, Londres,
Francfort, etc., debido a aquella irresponsable “prórroga de
jurisdicción” que aceptaron los gobernantes del Proceso Militar. No
hay ningún argentino tan tonto como para creer que esos Tribunales
nos darán la razón, aunque la tengamos. De ahí la gravedad de la
“prórroga de jurisdicción” pactada por Martínez de Hoz y su equipo.
Es de las peores cosas que hicieron: nos ataron de pies y manos.
3.- Realmente, ¿ debemos algo todavía?
La deuda comenzó a crecer abrupta y aceleradamente a partir del 24 de
 marzo de 1976 (día del golpe militar). Ya veremos porqué.
En ese tiempo se respetaba una regla no escrita, pero universalmente
 aceptada, sobre el monto de los intereses: debían ser uno o dos
puntos más que la inflación que sufría la moneda en la que se daba el
 préstamo. En ese entonces, un economista argentino que  era nada
menos que Director General de la CEPAL (Comisión Económica Para
América Latina, perteneciente a las Naciones Unidas), el Dr. Raúl
Prebisch, dijo públicamente:
"El país que acepte pagar intereses del tres ciento sobre la
inflación, se fundirá."
En 1979, y cuando ya nos habíamos endeudado en varios miles de
millones de dólares, EEUU decidió aumentar sustancialmente las tasas
de interés del dólar, para frenar la inflación que sufría. Hasta ese
momento, pagábamos entre el 6% y el 8% de interés. Debido a esa
decisión unilateral del gobierno anglo-norteamericano, llegamos a
pagar, en la década de  1980, hasta el 22% de interés anual. Una
deuda con esa elevadísima  tasa de interés se duplica por sí sola en
menos de cuatro años. Ése fue nuestro caso.
Los Dres. Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno han calculado que,
si hubiéramos pagado siempre un interés de uno o dos puntos sobre la
inflación de EEUU, habríamos saldado totalmente nuestra deuda en
1988.
El ex presidente peruano, Alan García, por su lado, calcula que
debido a esa suba injustificada y unilateral de los intereses
estadounidenses, Latinoamérica debía en 1979 u$s191.000 millones.
Desde ese año ha pagado intereses por1.165.000 millones. A pesar de
lo cual, en 1999 debía aún  750.000 millones! Esas cifras hablan por
sí solas.
Los argentinos hemos pagado nuestra deuda entre dos y tres veces, y
todavía debemos 200.000 millones. Pero el drama se repite: ¿cuál
Tribunal de Nueva York, Londres, Tokio o Francfort, reconocerá
nuestros derechos?
4.- Los acreedores, ¿son inocentes o también ellos tienen su culpa
en este drama nuestro?
Dejemos hablar al juez Dr. Ballestero:

* Llama poderosamente la atención la permisividad de los organismos
financieros internacionales, y la actitud concordante de la misma
banca extranjera que hoy reclama a la República Argentinas el pago de
 sus créditos.
* El FMI es en la actualidad el principal control del funcionamiento
del sistema financiero internacional.
*Por ello, se debe determinar la corresponsabilidad y eventual culpa
 de los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial,
especialmente) y de la banca acreedora, porque durante el período
examinado (1976 a 1982) concurrieron a nuestro país muchas misiones
técnicas del FMI para analizar la marcha de la economía argentina.
* Además, concurrieron a nuestro país misiones técnicas del Banco
Mundial con el mismo fin y para tratar el financiamiento de
proyectos.
*¿Qué recomendaciones realizaron el FMI y el Banco Mundial sobre la
economía argentina y su grado de endeudamiento externo?
* Los bancos tenían en aquel entonces gran interés en colocar sus
fondos en los países en desarrollo, sin interesarles ni el destino
que se les daría ni la capacidad de pago de los deudores.
* Se concluye que los bancos acreedores, el FMI y el Banco Mundial
también actuaron con imprudencia, y dieron créditos  movidos por el 
afán desmedido de colocar los fondos provenientes del auge de la
explotación petrolera.
Tal como dice el Dr. Ballestero en su fallo, en 1976, los bancos
extranjeros deseaban a toda costa colocar de alguna manera los
gigantescos fondos que le depositaban los países petroleros. En esas
circunstancias, “convencieron” a Martínez de Hoz y su equipo (y a los
 militares gobernantes) de que era un gran negocio pedir un préstamo
al 8,75% de interés, y colocar esos mismos dólares  nuevamente en el
banco prestador al 5,60%...
Luego, cuando en 1979 EEUU necesitó subir la tasa de interés del
dólar por problemas internos suyos, el pato de la boda fuimos
nosotros.
El resto es historia reciente.
Ahora habrá que actuar con decisión y con habilidad  a la vez.  El
tema no es sencillo, pero tampoco insoluble.
Lo primero que debemos comprender es que la solución es de tipo
político, no económico. Sin  el suficiente poder nacional, es inútil
pretender una salida airosa.
Soluciones hay, pero para alcanzarlas los argentinos debemos comenzar
                    por unirnos organizadamente.

Néstor Miguel Gorojovsky
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