¿Qué es la deuda externa?
Juan Gabriel Labaké
Por encargo del FORO de los ARGENTINOS y del FORO ARG. de la DEUDA
EXTERNA
Distribución gratuita - Reproducción libre
Setiembre de 2000
I.- INTRODUCCIÓN
Los argentinos debemos hoy a los bancos extranjeros, al FMI, al Banco
Mundial y a otros organismos internacionales, unos
- 200.000 millones de dólares.
150.000 millones son de deuda pública, que deberá pagar el Estado (o
sea, todos los argentinos) en forma directa.
Los otros 50.000 millones los deben pagar, teóricamente, las empresas
privadas. Pero para eso necesitan dólares, que el Estado (el Banco
Central) está obligado por ley a proveérselos a razón de un peso por
cada dólar. En definitiva, todos nosotros deberemos cargar también
con las consecuencias de esos pagos.
La cuenta es sencilla:
- Somos 37 millones de habitantes.
- Cada uno de nosotros (aún los chicos al nacer) debe 5.405
dólares a los bancos extranjeros, al FMI y al Banco Mundial.
De ellos, 4.054 dólares los debe por la deuda pública, y 1.351
dólares por la deuda de las empresas privadas.
- Cada jefe de familia tipo (cuatro personas: esposos y dos
hijos) deberá trabajar, pues, para pagar 21.620 dólares.
¡Una fortuna!
Pero hay algo más: a las tasas de hoy, cada año debemos pagar unos
- 9.500 millones de dólares de intereses por la deuda
pública,
- y otros 3.000 millones por la deuda de las empresas
privadas.
Es decir, un total de 12.500 millones al año: unos 1.042 millones
por mes.
- Eso significa que a cada uno de los 37 millones de
habitantes le corresponde pagar 28 dólares mensuales (o más, si
aumentan las tasas) durante toda la vida por los intereses de esta
deuda monstruosa.
De esa forma,
- el jefe de familia tipo está pagando ya 112 dólares por
mes de intereses de la deuda externa.
Y esto no es un juego de números y de palabras, sino la más cruda
realidad.
- El aumento de impuestos que produjo el gobierno en
diciembre de 1999, y la rebaja de los sueldos estatales de mayo de
este año, fueron medidas tomadas exclusivamente para pagar los 9.500
millones de intereses de la deuda externa.
Obsérvese que el déficit fiscal del Estado nacional es de unos 5.500
millones anuales hoy en día. Es decir,
- si no tuviéramos que pagar aquellos 9.500 millones de
intereses, nos sobraría dinero (4.000 millones) en las arcas
oficiales y no habríamos necesitado ni el impuestazo de diciembre, ni
el salariazo al revés de mayo. Al contrario, con ese dinero
podríamos haber construido escuelas y hospitales, aumentado las
jubilaciones, ayudado a los desocupados (alcanzaría para pagar un
subsidio por desempleo de un poco más de 1.800 pesos o dólares al
año a todos los desocupados, es decir, 2.200.000 planes Trabajar, en
lugar de los actuales 70.000), etc.
- Para pagar esos 9.500 millones, aún deberemos soportar
otros impuestazos y salariazos al revés, no sólo este año, sino por
bastantes años más.
- Por otro lado, los economistas nacionales han calculado que el
salario real ha disminuido un 25% en los últimos 10 ó 12 años. O sea
que
· un trabajador que hoy gana $400 mensuales, debería estar
ganando $530 por mes para estar igual que en 1988.
· Es decir, hoy gana $130 menos, y el peso de los intereses
de la deuda son unos $112. Qué coincidencia!
Pero no es una coincidencia casual.
Los gobernantes, con la deuda y con el resto de la política económica
de estos años, provocaron voluntariamente la disminución del
salario, y con ello lograron concentrar la riqueza del país en muy
pocas manos:
· unos diez grupos económicos locales,
· los bancos acreedores extranjeros
· y las grandes corporaciones multinacionales que se quedaron
con casi todas las empresas públicas y privadas (las grandes y varias
medianas) argentinas.
Esos grupos, a medida que acaparaban nuestras riquezas, exigían
dólares al banco Central para girar (fugar) la mayor parte de sus
ganancias al exterior. Más adelante veremos que el estudio de
distintos rubros de la economía argentina demuestra que la gran parte
de la deuda se debió a esa fuga de capitales al exterior. Otra
parte se fugó gracias a la llamada “bicicleta financiera”.
Lo dicho sirve para demostrar la relación que hay entre la baja de
los salarios, la concentración de la riqueza y los efectos de la
deuda externa.
- De los $130 que pierde mensualmente cada trabajador,
$112 se destinan a pagar los intereses de la deuda (creada
fundamentalmente por la fuga de capitales),
- y los otros $18 representan la parte de riqueza
concentrada y que no fugaron... aún.
Y ése es el aspecto más alevoso de esta historia: la deuda la
estamos pagando todos, pero benefició solamente a un puñado de
grandes empresas nacionales y extranjeras que fugaron su ganancia al
exterior. Nos quedamos sin nada, mejor dicho, sólo con la deuda.
II.- ¿DEBEMOS PAGAR LA DEUDA?
Para responder esa pregunta adecuadamente, debemos considerar
previamente cuatro cuestiones:
1.- La deuda, ¿fue contraída legítimamente?
2.- ¿Podemos pagarla sin provocar un daño enorme a nuestra economía
y a nuestro pueblo?
3.- ¿Realmente debemos algo todavía?
4.- Los acreedores, ¿son inocentes o también ellos tienen su culpa
en este drama nuestro?
Veamos cada uno de esos aspectos.
1.- La deuda, ¿fue contraída legítimamente?
1.1.- La denuncia del Dr. Alejandro Olmos
En agosto de 1982, hace justamente 18 años, el Dr. Alejandro Olmos
presentó una denuncia criminal ante el Juzgado Federal Nº 2, para que
se investigara el origen de la deuda que, en ese entonces, era de
unos 37.000 millones, mientras que al comenzar el gobierno militar,
en marzo de 1976, era sólo de 7.500 millones. El Dr. Olmos era un
hombre de bien, que jamás quiso afiliarse a un partido político, y
nunca ocupó un cargo público, aunque trabajó siempre en cuestiones
que nos beneficiaban a todos los argentinos. Murió en abril de este
año, cuando faltaban muy pocos meses para que su denuncia diera
frutos. El juez, Dr. Jorge Ballestero, dictó sentencia en ese juicio
el 15 de julio de este año.
A dicha denuncia de Olmos, se sumaron luego otras presentaciones
judiciales similares efectuadas por Jorge Eduardo Solá, José Alberto
Deheza, José Manuel Marino, Carlos Alberto Hours, Walter Beveraggi
Allende, Carlos Saúl Menem (en 1984, mientras era gobernador de La
Rioja) y Osvaldo Destéfani.
En los 18 años que duró ese juicio iniciado por Olmos, se reunieron
más de 6.000 hojas con pericias, declaraciones de testigos y otras
pruebas y trámites judiciales, y se investigaron detalladamente 457
créditos aprobados por el Banco Central, más 20 avales mal otorgados
por el Banco de la Nación y por el ex Banco Nacional de Desarrollo-
BANADE.
Los principales bancos extranjeros involucrados en esos créditos
fueron el Bank of America, Republik Bank of Dallas, Citibank, Banco
de Boston, Chase Manhatann Bank, Lloyds Bank, Wells Fargo Bank,
Citicorp, Marine Midland Bank, Banco Mundial, Unión de Bancos Árabes
y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, D.G. Bank,
Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco di Roma y
Banco de la Nación Argentina. El asunto era muy “pesado” porque
involucraba a los poderosos y reales dueños de nuestro país: grandes
bancos extranjeros, FMI, Banco Mundial, grandes empresas
multinacionales, unos 10 grupos económicos argentinos enormes, y un
equipo numeroso de altos funcionarios del Proceso Militar.
Por ese motivo, dicho juicio tardó tanto tiempo. Ningún juez se
animaba a dictar sentencia sin estar muy seguro de lo que iba a
hacer. Por la misma causa, los jueces no se conformaron con las
pericias de los contadores y economistas estables de Tribunales, que
son muchos y capaces, sino que pidieron a las más prestigiosas
instituciones nacionales de ciencias económicas que sugirieran
nombres de profesionales de primer nivel como peritos especiales.
De esa manera, intervinieron en total 30 peritos de alta capacidad y
solvencia moral, entre los cuales se destacan el Dr. Sabatino
Fiorino, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires; el Dr. Alberto Tandurella, del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires; el Dr. William
Leslie Chapman, de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (que
presidía el Dr. Guillermo Walter Klein, padre del economista del
mismo nombre que estaba investigado en ese juicio); los Dres. Héctor
Valle y Osvaldo Trocca,de la Fundación de Investigaciones para el
Desarrollo Económico; el Dr. José Alberto Deheza, ex Fiscal de Estado
y ex ministro de Defensa; el Dr. Nicolás Argentato, que en ese
tiempo era rector de la Universidad Católica de La Plata; y el Dr.
Enrique García Vázquez, que luego fue presidente del Banco Central.
El alto nivel profesional y humano de los peritos es lo que le da
tanta importancia a sus dictámenes. Nadie puede poner en duda sus
conclusiones.
Los doctores Valle, Trocca, Deheza, Argentato y García Vázquez
investigaron la política económica que se aplicó entre el 24 de marzo
de 1976 (fecha del golpe militar que derrocó al gobierno
constitucional) y el 10 diciembre de 1983, día en que terminó el
llamado Proceso Militar. Ahora debe investigarse desde 1983 en
adelante.
El resto de los peritos investigó el procedimiento técnico y
bancario que usaron los gobernantes de ese período para contraer la
deuda.
Además, se tomó declaración a 29 testigos, y se pidieron 20 informes
por escrito a otros tantos funcionarios.
1.2.- La política económica
El gobierno militar que asumió el 24 de marzo de 1976 nombró como
ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, el cual formó su
equipo con economistas surgidos, casi todos, de la Universidad anglo-
norteamericana de Chicago. Todos ellos se desempañaban, hasta ese
momento, como asesores y ejecutivos de bancos y empresas extranjeras.
El propio Martínez de Hoz era, y lo siguió siendo siempre (hasta
hoy), miembro del Consejo Asesor Internacional del Chase Manhatann
Bank, de propiedad de David Rockefeller y su familia.
Al asumir el gobierno militar, Martínez de Hoz proclamó dos
objetivos centrales de su política económica:
· eliminar la inflación
· y modernizar (“deconstruir”) la industria nacional.
Obsérvese que son los mismos dos objetivos que proclamaron en 1989 y
1991 los doctores Carlos Menem y Domingo Cavallo.
“Deconstruir” la industria, según Martínez y su equipo,
significaba“destruir el aparato industrial que ya existía, por ser
ineficiente, para construir luego uno moderno y eficiente que pudiera
competir internacionalmente”.
Para alcanzar esos dos objetivos centrales (vencer la inflación y
“modernizar” la industria), desde 1976 se dispuso:
· Reducir drásticamente la emisión de dinero desde el Banco
Central.
· No autorizar aumentos de tarifas de los servicios públicos
(cuyas empresas eran estatales).
· “Abrir” la economía a las corrientes comerciales
(exportación e importación de mercaderías), para lo cual se bajaron
los impuestos a las importaciones (para obligar a bajar los precios
de los productos nacionales).
· Decretar la libertad de movimientos para los capitales
financieros internacionales (se podía entrar y sacar del país
cualquier moneda extranjera).
No hace falta ser economista para darse cuenta que:
· Al reducir la emisión de dinero nuestro, cada vez que el
Estado tuviera déficit fiscal, debía pedir un préstamo al exterior.
No había otro remedio, pues los argentinos no disponían de
suficientes ahorros en pesos como para prestárselos al Estado.
· Al no permitir aumentos en las tarifas de los servicios
públicos para cubrir los mayores costos producidos por la inflación
que seguía existiendo, las empresas del Estado tendrían
obligatoriamente que pedir préstamos en el extranjero para cubrir el
bache.
· Al bajar los impuestos aduaneros, los productos importados
desde países con menores salarios, o con tecnologías más avanzadas,
arrasarían a los nuestros y harían tambalear a las empresas
nacionales, forzándolas a pedir préstamos en el extranjero en su afán
de salvarse de la quiebra.
· Al decretar la libre entrada y salida de capitales
financieros, vendrían sobre todo los especulativos de corto plazo
(los “golondrinas”), que vienen, especulan con rapidez y se van
(fugando “libremente” sus ganancias).
En definitiva, se adoptó intencionadamente una política económica
que impulsó al país a endeudarse en el extranjero, con o sin
necesidad, y a cubrir los subsiguientes requerimientos nuestros de
créditos externos (insistamos, artificialmente creados) con capitales
especulativos (“golondrinas”).
Por otro lado, con el mismo argumento de bajar la inflación,
Martínez de Hoz adoptó la llamada “tablita cambiaria”, por la cual
uno podía saber con varios meses de anticipación el precio al cual el
Banco Central se obligaba a venderle esa moneda extranjera cada
semana.
Finalmente, y como era de prever, los intereses que cobraban los
bancos radicados en la Argentina eran bastante más altos que los que
se cobraban en los países desarrollados. Ese fenómeno era y es
conocido por todos los economistas, pues la inflación (la existente
en forma abierta, o la reprimida o disimulada) y la debilidad de
nuestra economía “asustan” a los inversores (sobre todo a los
especulativos), los cuales exigen mayores intereses para prestarnos
sus dólares.
Todo ello dio nacimiento a una gigantesca “bicicleta financiera”
como ya veremos.
Sigamos observando la similitud entre esa situación y la actual. La
única diferencia “técnica” es que antes se les aseguraba a los
especuladores un cambio fijo a través de la “tablita”, y hoy se lo
hace con la convertibilidad “uno a uno” entre el peso y el dólar.
De esa manera, quien deseara o necesitara obtener un préstamo, estaba
tentado, sino obligado, a recurrir al extranjero. El asunto se
agravó para las empresas del Estado, pues Martínez de Hoz y su
equipo, no sólo les negaron los aumentos de tarifas para cubrirse de
la inflación reinante, sino que les exigieron pedir créditos en el
extranjero, aún cuando no lo necesitaran. Cuando llegaron los dólares
al Banco Central (por ahí debían entrar siempre), el Ministerio de
Economía le dio orden de
· no entregarlos a la empresa estatal que los pidió, sino
darle a ésta sólo los pesos correspondientes y al cambio oficial (que
era artificialmente menor que el cambio “libre”, el “del
mercado”);
· el Banco podía, luego, retener esos dólares en sus arcas (o
depositarlos en un banco extranjero), que pasaban así a engrosar las
“reservas internacionales”;
· también podía venderlos “en el mercado” (a los particulares
y a las empresas privadas que los solicitaran para emplearlos casi
siempre en la “bicicleta financiera”); con ello lograban mantener la
“tablita cambiaria” sin modificaciones (en esto se empleó la gran
mayoría de los dólares).
Cada empresa del Estado fue obligada a meterse en esa trampa: YPF,
YCF, SEGBA, OSN, Aerolíneas Argentinas, etc. Todas.
De modo que nuestras empresas públicas se endeudaron sin necesidad,
pero no vieron los dólares. El Banco Central les entregó pesos.
Cuando hubo que pagar esos créditos, las empresas públicas pidieron
al Banco Central que, al menos, les vendiera dólares al precio
oficial (que era, insistamos, mucho más barato que el dólar “libre”,
el que se compraba “en el mercado”). El Banco se los negó, a pesar
de que las empresas privadas, como ya veremos, sí compraban sus
dólares al precio oficial, pues se les había otorgado (Cavallo, en
1981) lo que se llama “un seguro de cambio” garantizado por el
Estado. Las empresas públicas, pues, debieron comprar dólares caros,
carísimos, en el “mercado”, para pagar créditos externos que no
necesitaban y cuyos dólares no recibieron nunca. Los peritos han
determinado que YPF, por ejemplo, fue obligada a endeudarse de esa
forma en 6.000 millones de dólares. Entre febrero de 1979 y marzo de
1980, YPF fue obligada a tomar 153 préstamos en el extranjero, la
mayoría con plazos menores a los seis meses.
La prohibición de aumentar las tarifas de los servicios, decretada
por Martínez de Hoz a pesar de la inflación vigente, junto con esta
maniobra increíble, fueron las principales responsables del déficit
que soportaron las empresas públicas. Por eso,
el juez Dr. Jorge Ballestero, al dictar sentencia en el juicio
iniciado por Alejandro Olmos, afirma que esa deuda artificial
(realmente “inventada”) de las empresas del Estado influyó para que,
luego, cuando Menem y Cavallo las privatizaron, su precio fuera muy
inferior al valor real de ellas.
A su vez, los dólares que llegaban por los préstamos tomados
forzadamente por las empresas públicas, y volcados “al mercado” por
el Banco Central, eran aprovechados por las grandes empresas
nacionales y extranjeras y por simples especuladores para
beneficiarse impunemente con la citada “bicicleta financiera”,
fomentada por la política económica. Un “inversor” (extranjero o
argentino) compraba esos dólares baratos, los cambiaba por pesos y
los colocaba en un plazo fijo a un interés del 9% y hasta del 25%,
según la época, cuando en el exterior sólo le habrían pagado entre el
3% y el 7%.
Muchos, incluso, pedían un préstamo en el extranjero, por el cual
pagaban bajos intereses, traían los dólares acá; los cambiaban por
pesos, y colocaban éstos a plazo fijo con elevados intereses. Al cabo
de seis meses o un año, retiraban el plazo fijo, lo volvían a
transformar en dólares, reintegraban el crédito pedido en el
extranjero y se quedaban con una suculenta ganancia que fugaban al
exterior. Todo ello, recordemos, era facilitado por la “tablita”, que
aseguraba un dólar barato y conocido de antemano, y por la libertad
de movimientos de los capitales (podían entrar y salir libremente).
Sin duda existieron pequeños inversores (también especuladores) que
hicieron su “bicicleta” por algunos miles de dólares. Pero los miles
de millones que perdimos fueron producto de las gigantescas
“bicicletas” de grupos con mucho, muchísimo, poder económico, que en
más de un caso estaban íntimamente ligados con los más altos
funcionarios económicos del gobierno.
En este punto, el Dr. Enrique García Vázquez aportó al Juzgado un
dato de suma importancia:
- Entre 1978 y 1981, las remesas (giros) de dólares al
exterior que no tuvieron justificativo alguno (o sea, la fuga de
capitales) sumaron en total 38.528 millones de dólares.
- Al finalizar 1981, nuestra deuda externa era de 31.794
millones.
- Eso significa que, si las grandes empresas nacionales y
extranjeras y los especuladores no hubieran fugado sus ganancias
(obtenidas por la concentración de la riqueza y por la “bicicleta
financiera”), en diciembre de 1981, dice el Dr. García Vázquez,
nosotros ya no habríamos tenido deuda externa, sino un sobrante de
6.734 millones de dólares.
A una conclusión semejante llega el Dr. José Alberto Deheza, para un
período cercano al estudiado por el Dr. Vázquez.
- Entre 1976 y 1981, la deuda creció en 27.586 millones;
- pero nuestro déficit de cuenta corriente (exportaciones
contra importaciones, más déficit en el rubro intereses, servicios,
seguros, “royaltíes”, etc.), que es el único que crea necesidad real
de pedir préstamos extranjeros, fue de sólo 5.586 millones.
- Es decir, sobran 22.000 millones de deuda que sólo pueden
explicarse por la inmensa fuga de capitales que fomentó el gobierno.
A grandes rasgos, ésa fue la política económica que produjo el
endeudamiento hasta 1983, y que aún continúa en nuestros días. Por
ese mismo motivo nos seguimos endeudando a pasos agigantados.
Al respecto, el licenciado Eduardo Basualdo, del Instituto de
Estudio sobre Estado y Participación-IDEP, ha efectuado un cálculo
que no figura en el fallo del juez Ballestero:
- Entre 1991 y 1998, los empresarios recibieron 70.400
millones más de ganancias que el promedio recibido entre 1970 y 1975,
debido a la concentración de la riqueza a que hemos aludido.
- En el mismo período fugaron del país una cifra muy
cercana: 63.400 millones.
La similitud es por demás sugestiva.
La fuga tiene además, actualmente, otras vertientes. Los economistas
de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico-
FIDE, han calculado que, entre 1992 y 1997, las empresas extranjeras
fugaron disimuladamente unos 12.000 millones a través de las
siguientes maniobras (tampoco figuran en el fallo del juez):
- Cada vez que invierten una suma de dólares acá, la hacen
figurar como “préstamos de la Casa Matriz” a su sucursal argentina,
con los intereses del caso. De ese modo fugan una buena suma
disfrazada de “pago de intereses”. De paso, esos intereses figuran
como “gastos” en sus balances, ahorrándose el correspondiente
impuesto a las ganancias.
- Cuando la sucursal argentina le compra algún insumo a su
Casa Matriz, ésta se los factura con un sobreprecio inmenso (hubo
casos en que se “pagó” 1.850 dólares por el kilo de un producto cuyo
precio internacional real era de sólo 40 dólares); con ello logran
igual resultado que en el punto anterior: fugan dólares y pagan menos
impuesto a las ganancias.
- La sucursal argentina figura pagándole patentes
(“royalties”) a su propia Casa Matriz por las marcas y la tecnología
que usa.
La conclusión es bien clara: los dólares vinieron y se fugaron por
distintos vericuetos, para beneficio exclusivo de unos pocos “amigos”
(de acá y de afuera). Así creció nuestra deuda externa, sin dejarnos
nada.
Néstor Miguel Gorojovsky
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