Todo lo secreto degenera
Armando
Vargas Araya
para «La
República», 14 febrero 2005
Costa Rica
requiere evolucionar aceleradamente, recuperar el
tiempo perdido,
ajustarse a la realidad cambiante y responder a las
nuevas necesidades con el propósito de
sacar máximo provecho al imparable proceso de
mundialización. En el ámbito de la infocomunicación,
al igual que en otras dimensiones del desarrollo, esta comprobación positiva
exige arrancar desde la realidad actual para preservar
lo mejor, descartar lo que ya no funciona y trazar la ruta hacia el porvenir. El
reto es pasar de «las viejas innovaciones»
(electricidad del siglo XIX, telefonía del siglo XX) a la implementación
de la «sociedad red» del siglo
XXI, en la cual las actividades humanas clave se basan en la tecnología de la información
(TI), se organizan (globalmente) en redes informáticas
y se centran en el procesamiento de información
(símbolos).
El advenimiento
de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) tiene que respetar la
identidad costarricense y fortalecer el principio de
solidaridad, al tiempo que acelera la innovación
tecnológica y el dinamismo económico hasta arribar a una «sociedad red» socialmente sostenible. Otros
países lo han logrado en las dos décadas más
recientes y aquí también se puede
hacer quizá en menor tiempo. La SIC
se da en una pluralidad de modelos sociales y
culturales, de la misma manera que la Sociedad Industrial se desarrolló según modelos
de modernidad distintos y hasta antagónicos. El mapeo de los
caminos que conducen a la Era de la Información muestra que las opciones son
diversas y múltiples. Tan engañoso resulta argüir
que la alternativa es monopolio
estatal o monopolio particular,
como afirmar que las opciones son apertura, privatización
o monopolio. Baste mencionar el «modelo de mercado»
de Estados Unidos, el «modelo autoritario» de Singapur y el
«modelo de Estado de bienestar» de Finlandia.
El desafío consiste
en concebir un modelo propio de economía
mixta auténtica —en medio de presiones
hegemónicas, de intereses político-empresariales,
corporativistas o particulares—
con la mira puesta en el progreso y
bienestar general de la nación. En esta tarea hay que auscultar hacia fuera
como escudriñar hacia adentro. Los mayores éxitos del desarrollo humano
costarricense se consiguieron por
esfuerzo propio, desde
el énfasis temprano en la educación, el cultivo
del café como proyecto nacional, la
desmilitarización y la neutralidad, o la intervención estatal en salubridad,
hasta la creación de un operador público de
electricidad y telecomunicaciones. A su hora, estos y otros avances fueron
desaconsejados por factores ajenos al desarrollo
histórico del país.
Por eso escuece a
diputados de varias fracciones parlamentarias
que, a escondidas de la opinión pública y
cuando la Administración Pacheco de la Espriella se
acerca a su último cuarto de hora, se descubra que el gobierno utiliza buena parte de
una donación equivalente a unos ¢225 millones, en la elaboración de una «estrategia privatista» de telecomunicaciones.
El «regalo
desinteresado» (A050504-L-MS-ST-CR, por $372.000
más $110.000 cofinanciados por otros)
se hace a través de un fondo de asistencia técnica de donantes múltiples para la promoción
de «infraestructura con financiación privada» (Public-Private Infrastructure Advisory Facility,
PPIAF), administrado por el Banco Mundial. Lógicamente,
la apertura al capital privado
favorece a inversores de los países que
han aportado $92 millones a la PPIAF: Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón,
Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza.
Lidera la iniciativa
el intrépido ministro de Hacienda, en su papel de coordinador
del Consejo Económico, con apoyo
técnico del reputado subgerente de
Telecomunicaciones en la Administración Rodríguez Echeverría. El objetivo en
Costa Rica, según la PPIAF, es promover la
«participación de
operadores privados».
El producto del esfuerzo Carrillo-Echeverría debe
ser entregado en Washington el 20 de setiembre venidero. ¿No es cierto que
«quien paga la orquesta manda en la
fiesta»?
En cinco años de
existencia, la PPIAF había financiado la preparación
de 38 proyectos de ley marco y sus respectivas normas
regulatorias para abrir a la inversión privada la
provisión de servicios públicos en
puertos, energía, telecomunicaciones y acueductos,
de los cuales 11 habían sido aprobados y
27 estaban en trámite (PPIAF Annual Report 2004). ¿Acaso
la «socialdemocracia flexible» no pregona:
«es sano que la iniciativa privada se ocupe de muchas funciones productivas asumidas por el estado en el pasado»? ¿No se intentó
con Millicom traspasar a la esfera privada el suministro del servicio público de telefonía
celular?
Llama la
atención, en un empeño tan generosamente financiado, la
ausencia de ICE, Racsa, Aresep, las
cámaras empresariales de Infocomunicación y
Tecnología o de Tecnologías de Información y Comunicación, los gremios
