[CR-Denuncia] RE: LA PUBLICIDAD DE LA OBRA ESTATAL ES UN NEGOCIO ELECTORAL SUCIO DE LOS ARIAS

2009-06-08 Por tema Alvaro Arnoldo Araya Alpízar
 

CONVENCIÓN LIBERACIONISTA, IDEOLOGÍA, MÉTODOS POLÍTICOS Y MOTIVACIÓN DEL
ELECTORADO

Por Alvaro Arnoldo Araya Alpízar

 

La Convención Liberacionista deja como saldo la “seudo transformación” de
los neoliberales liberacionistas Araya y Chinchilla en socialdemócratas,
forjadores de un proyecto de centro derecha para alinear ideológicamente a
quienes desde la izquierda o el centro los han criticado, como destructores
del Estado Social. La triología ideológica apertura-privatización-desarrollo
encontró en esta conversión electorera su contraparte en una teoría
populista de compromisos con servicios y obras de interés social e
intermediación del Estado, como garante de justicia y redistribución de
riqueza. Es así como, sin ningún sonrojo, celebran el triunfo del poder
mediático y el dinero para doblegar voluntades, hablando de la importancia
del financiamiento estatal en la prevención de la quiebra financiera del
sistema bancario, y consecuentemente – dice la Señora Chinchilla- para
evitar la concentración de la riqueza. ¿A quién quiere engañar? ¿A cuántos
pudo y podrá engañar?

 

La baja en la renta económica de la tierra agrícola, las inseguridades
ciudadanas, la especulación en los precios de la canasta básica, el alto
costo del crédito, la injusticia salarial, la desatención de las necesidades
ambientales y otras variables de interés ciudadano fueron suplantadas en la
discusión política con un mar de ofrecimientos, parches en la
infraestructura vial, asfaltado de caminos, construcción de edificios,
puestos en la Administración Pública, promesas de bonos de vivienda, becas y
un sin número de “ilusiones de prosperidad”, para quienes resienten la falta
de solidaridad y justicia en los procesos de desarrollo promovidos por el
neoliberalismo. Y para que no quede duda de su “total conversión”, reniegan
una y otra vez de sus compromisos con los grupos económicos poderosos, tanto
nacionales como internacionales. ¿Cómo habrán hecho para financiar los
costos de la Convención?.

 

En este contexto de análisis, la discusión en torno a la calidad y cantidad
de electores en el proceso de Convención Liberacionista se convierte en un
esfuerzo de proyección estadística, donde se suman y restan los potenciales
beneficiarios directos e indirectos de la satisfacción de sus necesidades
con puestos, concesiones, bienes y servicios del Estado, además de aquellas
de los financistas de la campaña. Hoy más que nunca, las urnas han reflejado
el poder de la “doctrina populista” de un compromiso-un voto, hecho que no
descarta la existencia de una minoría que fue a votar convencida de que las
propuestas eran lo mejor para el país.

 

Los costos electorales, sean estos en materia de cumplimiento de promesas
para los “electores comunes” o concesiones para los financistas de la
campaña, que supera fácilmente los mil quinientos millones de colones, hacen
pensar en los beneficios apropiados que podrán cobrar “los banqueros
particulares”, y por supuesto de quienes integran la red clientelar
nacional, provincial, cantonal y distrital en el marco de una “estructura
gubernamental ajustada” a esta forma de hacer política. De ahora en
adelante, como antes y más, de nada o poco servirán las leyes y los
reglamentos, o los criterios de necesidad, lo que importará para otorgar uno
u otro beneficio estatal será el compromiso del “interesado en el proceso
electoral” para llevar y sumar votos en las urnas.

 

Sin duda, los Araya y Chinchilla trataron en esta su “campaña de
reconversión ideológica”, por igual, de liberar al PLN del neoliberalismo
que representan, culpable de las desigualdades e inseguridades más
evidentes, sobre todo de su legado de pobreza, injusticia tributaria,
desprotección del medio ambiente, inseguridad alimentaria, delincuencia y
falta del diálogo con los ciudadanos. Al final, el resultado demuestra que
la utilización de los recursos del Estado y la capacidad de influencia del
Poder Ejecutivo en la atención  de las necesidades de personas,
organizaciones y pueblos marcó la diferencia. Solo que ahora, como suele
ocurrir en el PLN, a Jonny Araya se le olvidó de una sola vez como los Arias
impusieron y respaldaron a Chinchilla. Y de paso dejó atrás los
cuestionamientos que le hacía, a propósito de la firmeza y la ética.

 

Entonces, es necesario entender críticamente el resultado de la Convención
Liberacionaista, como la consolidación de un régimen de compromisos entre
“políticos de oficio” y electores, donde los que tienen más poder
político-económico tienen acceso a oportunidades de privilegio, mientras los
otros y otras tienen a conformarse con pequeñas tajadas del sistema corrupto
de asignación de recursos, puestos y servicios del Estado.

 

La Convención liberacionista se convirtió una vez más en una estrategia para
transformar el voto en un recurso para crear condiciones sucesivas y ser
sujeto de “premios del Estado”, lo que implica una transferencia sin límite
de suma del poder de Administración Pública a una elite 

[CR-Denuncia] CONVENCIÓN LIBERACIONISTA, IDEOLOGÍA, MÉTODOS PO LÍTICOS Y MOTIVACIÓN DEL ELECTORADO. CORRECCIÓN DEL ASUNTO.

2009-06-08 Por tema Alvaro Arnoldo Araya Alpízar
 

 

CONVENCIÓN LIBERACIONISTA, IDEOLOGÍA, MÉTODOS POLÍTICOS Y MOTIVACIÓN DEL
ELECTORADO

Por Alvaro Arnoldo Araya Alpízar

 

La Convención Liberacionista deja como saldo la “seudo transformación” de
los neoliberales liberacionistas Araya y Chinchilla en socialdemócratas,
forjadores de un proyecto de centro derecha para alinear ideológicamente a
quienes desde la izquierda o el centro los han criticado, como destructores
del Estado Social. La triología ideológica apertura-privatización-desarrollo
encontró en esta conversión electorera su contraparte en una teoría
populista de compromisos con servicios y obras de interés social e
intermediación del Estado, como garante de justicia y redistribución de
riqueza. Es así como, sin ningún sonrojo, celebran el triunfo del poder
mediático y el dinero para doblegar voluntades, hablando de la importancia
del financiamiento estatal en la prevención de la quiebra financiera del
sistema bancario, y consecuentemente – dice la Señora Chinchilla- para
evitar la concentración de la riqueza. ¿A quién quiere engañar? ¿A cuántos
pudo y podrá engañar?

 

La baja en la renta económica de la tierra agrícola, las inseguridades
ciudadanas, la especulación en los precios de la canasta básica, el alto
costo del crédito, la injusticia salarial, la desatención de las necesidades
ambientales y otras variables de interés ciudadano fueron suplantadas en la
discusión política con un mar de ofrecimientos, parches en la
infraestructura vial, asfaltado de caminos, construcción de edificios,
puestos en la Administración Pública, promesas de bonos de vivienda, becas y
un sin número de “ilusiones de prosperidad”, para quienes resienten la falta
de solidaridad y justicia en los procesos de desarrollo promovidos por el
neoliberalismo. Y para que no quede duda de su “total conversión”, reniegan
una y otra vez de sus compromisos con los grupos económicos poderosos, tanto
nacionales como internacionales. ¿Cómo habrán hecho para financiar los
costos de la Convención?.

 

En este contexto de análisis, la discusión en torno a la calidad y cantidad
de electores en el proceso de Convención Liberacionista se convierte en un
esfuerzo de proyección estadística, donde se suman y restan los potenciales
beneficiarios directos e indirectos de la satisfacción de sus necesidades
con puestos, concesiones, bienes y servicios del Estado, además de aquellas
de los financistas de la campaña. Hoy más que nunca, las urnas han reflejado
el poder de la “doctrina populista” de un compromiso-un voto, hecho que no
descarta la existencia de una minoría que fue a votar convencida de que las
propuestas eran lo mejor para el país.

 

Los costos electorales, sean estos en materia de cumplimiento de promesas
para los “electores comunes” o concesiones para los financistas de la
campaña, que supera fácilmente los mil quinientos millones de colones, hacen
pensar en los beneficios apropiados que podrán cobrar “los banqueros
particulares”, y por supuesto de quienes integran la red clientelar
nacional, provincial, cantonal y distrital en el marco de una “estructura
gubernamental ajustada” a esta forma de hacer política. De ahora en
adelante, como antes y más, de nada o poco servirán las leyes y los
reglamentos, o los criterios de necesidad, lo que importará para otorgar uno
u otro beneficio estatal será el compromiso del “interesado en el proceso
electoral” para llevar y sumar votos en las urnas.

 

Sin duda, los Araya y Chinchilla trataron en esta su “campaña de
reconversión ideológica”, por igual, de liberar al PLN del neoliberalismo
que representan, culpable de las desigualdades e inseguridades más
evidentes, sobre todo de su legado de pobreza, injusticia tributaria,
desprotección del medio ambiente, inseguridad alimentaria, delincuencia y
falta del diálogo con los ciudadanos. Al final, el resultado demuestra que
la utilización de los recursos del Estado y la capacidad de influencia del
Poder Ejecutivo en la atención  de las necesidades de personas,
organizaciones y pueblos marcó la diferencia. Solo que ahora, como suele
ocurrir en el PLN, a Jonny Araya se le olvidó de una sola vez como los Arias
impusieron y respaldaron a Chinchilla. Y de paso dejó atrás los
cuestionamientos que le hacía, a propósito de la firmeza y la ética.

 

Entonces, es necesario entender críticamente el resultado de la Convención
Liberacionaista, como la consolidación de un régimen de compromisos entre
“políticos de oficio” y electores, donde los que tienen más poder
político-económico tienen acceso a oportunidades de privilegio, mientras los
otros y otras tienen a conformarse con pequeñas tajadas del sistema corrupto
de asignación de recursos, puestos y servicios del Estado.

 

La Convención liberacionista se convirtió una vez más en una estrategia para
transformar el voto en un recurso para crear condiciones sucesivas y ser
sujeto de “premios del Estado”, lo que implica una transferencia sin límite
de suma del poder de Administración Pública a una 

[CR-Denuncia] Asamblea Nacional del Frente Amplio elige Tribunales y abre inscripcion de precandidaturas

2009-06-08 Por tema WILLIAM RODOLFO ULLOA BONILLA
ASAMBLEA NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO ELIGE TRIBUNALES Y ABRE INSCRIPCIÓN DE 
PRECANDIDATURAS
 
La Asamblea Nacional del Frente Amplio eligió, el pasado sábado 6 de junio, los 
Tribunales de Elecciones y de Ética. A partir de este lunes 8 está abierta la 
inscripción de precandidaturas para las papeletas presidencial, legislativas y 
municipales del partido de la bandera amarilla.
 
La Asamblea Nacional discutió y aprobó reformas a los Estatutos del Frente 
Amplio, con el fin de definir las maneras en que se ampliará, previa 
constitución de frentes nacionales de sectores sociales. También definió la 
forma en que se integrará la Comisión Política, órgano encargado de la 
conducción del Frente Amplio entre asambleas.
 
El Frente Amplio en adelante contará con una organización juvenil 
independiente, desde el punto de vista organizativo: la Juventud del Frente 
Amplio (JFA), que tendrá, además de quienes ostenten la condición por 
delegación territorial, 8 representantes más en la Asamblea Nacional y dos 
representantes (un hombre y una mujer) en la Comisión Política.
 
Los Frentes que se irán constituyendo son los siguientes: de Equidad de Género 
y Diversidad Sexual, Ambiental, Sindical y Laboral, Agrícola, Campesino y de la 
Pesca; Pueblos Originarios, Comunal y Afines, Cultura y Deportes, Educación, 
Salud, Personas con Diversidad Funcional, y de Personas Creyentes Ecuménicas 
por la Liberación. Estos Frentes contarán con 4 representantes cada uno en la 
Asamblea Nacional y dos, un hombre y una mujer, en la Comisión Política, con 
excepción del de Género y Diversidad Sexual que contará con 8 representantes en 
la Asamblea Nacional. 
 
El Frente Amplio también tendrá secretarías de trabajo, como las de programa, 
organización, finanzas, formación política, relaciones internacionales y otras, 
con representación en la Comisión Política.
 
A continuación presentamos la integración de los Tribunales del Frente Amplio y 
los requisitos para la inscripción de precandidaturas, aprobados por la 
Asamblea Nacional.
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL FRENTE AMPLIO (TEFA)

Vernor Arguedas Troyo. Matemático. Catedrático Universitario. Militante del 
Frente Amplio en Montes de Oca.
 
Francisca Raventós Vorst, cc: Ciska. Socióloga. Catedrática Universitaria. 
Militante del Frente Amplio en Montes de Oca.

Juan Reverter Murillo. Profesor de secundaria (Ciencias). Militante del Frente 
Amplio en Pavas

Nidia Rivera González. Profesora de secundaria (Francés). Militante del Frente 
Amplio en San Sebastián.

Bernal Coto Valverde. Profesor de secundaria (Artes Industriales). Militante 
del Frente Amplio en Cartago centro. 

Suplencias

Diana Posada Solís. Administradora de empresas. Militante del Frente Amplio en 
Montes de Oca y la Juventud

Asdrúbal Marín Murillo. Profesor universitario de Filosofía. Militante del 
Frente Amplio en Santa Ana

Susan Quirós Díaz. Abogada Laboralista. Militante del Frente Amplio en Cartago.

Otto Ureña Badilla. Trabajador de Acueductos y Alcantarillados. Militante del 
Frente Amplio en Zapote.

María Teresa Meza Madríz. Profesora de primaria. Militante del Frente Amplio en 
El Carmen de Cartago centro.


TRIBUNAL DE ETICA DEL FRENTE AMPLIO

María Eugenia Román Mora. Abogada. Trabajadora del Estado. Militante del Frente 
Amplio en Barva de Heredia

Ana Isabel Robles Cascante. Socióloga. Trabajadora del Estado jubilada. 
Militante del Frente Amplio en Moravia

Roberto Alfaro Zumbado. Ingeniero Agrónomo. Militante del Frente Amplio en 
Curridabat

José Angel Silva Trejos. Contador Público. Militante del Frente Amplio en el 
cantón central de San José.

Ismael Salas Cortés. Artesano. Militante del Frente Amplio en Moravia.
 
Suplencias

Víctor Manuel Mora Acuña. Pequeño empresario. Militante del Frente Amplio en 
Barva de Heredia.

Leonardo Umaña Vargas. Periodista. Militante del Frente Amplio en Goicoechea.

Carlos Manuel Vega Bolaños. Ingeniero. Trabajador bancario. Militante del 
Frente Amplio en Grecia.

Maricela Rojas Zamora. Psicóloga y Educadora. Militante del Frente Amplio en 
Goicoechea.

Cibeles Alpízar Araya. Trabajadora del hogar. Militante del Frente Amplio en 
Tejar del Guarco, Cartago.
 
REQUISITOS PARA INSCRIBIR PRECANDIDATURAS:
 
a.  Aportar ideas y propuestas para el trabajo en la Municipalidad, la 
Asamblea Legislativa o la Presidencia de la República, según sea el caso.
 
b.  Aportar un currículum vitae, donde además de los aspectos relacionados 
con educación y trabajo, se describa la experiencia en el campo social y 
político, así como las cualidades personales y habilidades o destrezas que le 
califican para el cargo respectivo.
 
c.  Declarar su conformidad con los “Compromisos Éticos y Políticos” 
(Código de Etica) de las candidaturas a elección popular del Frente Amplio.
 
d.  Declarar que, en caso de ser electo, se sujeta a los principios de 
revocación de cargos de elección popular que defina el Frente Amplio.
 
Podrán además aportarse, opcional y 

[CR-Denuncia] Jose Merino y Sonia Solis en Nuestra Voz - mañ ana martes

2009-06-08 Por tema WILLIAM RODOLFO ULLOA BONILLA
 José Merino y Sonia Solís en NUESTRA VOZ
 
Este martes 9 de junio a partir de las 7:30 a.m., el Presidente y la Secretaria 
del Frente Amplio participarán en el programa de Amelia Rueda.
 
Tema: La elección de candidaturas en el FRENTE AMPLIO, requisitos para 
inscribirse y razones para el rechazo.
 
Radio Monumental, 93.5 FM
 
Visite: 
http://www.frenteamplio.org


[CR-Denuncia] DERECHOS DE C.R. EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL

2009-06-08 Por tema F. Pacheco. PhD

 
LA PRENSA LIBRE   Lunes 8 de junio del 2009
 
http://www.prensaescrita.com/diarios.php?codigo=AMEpagina=http://www.prensalibre.co.cr
   
 LOS DERECHOS DE COSTA RICA EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL







 





Freddy Pacheco * 
frepal...@gmail.com    




 
A diferencia del “mar territorial” de hasta 12 millas de ancho, donde Costa 
Rica ejerce la “soberanía del Estado” más allá de su territorio y de sus aguas 
interiores, tanto en su espacio aéreo como en el lecho y el subsuelo del mar, 
en la “zona económica exclusiva” de hasta 200 millas de anchura tenemos 
“derechos de soberanía para los fines de exploración, explotación, conservación 
y ordenación de los recursos naturales” del lecho y subsuelos marinos “y de las 
aguas suprayacentes”.
 
Así, por ejemplo, mientras en la zona económica exclusiva los buques 
extranjeros tienen libre navegación, en el menos ancho mar territorial ese 
derecho se ve sustituido por el llamado “paso inocente” que solo les permite 
navegar por él para efectos de tránsito sin detenerse en instalaciones 
portuarias.
 
Tenemos así dos áreas marinas pertenecientes a Costa Rica (y a todos los países 
ribereños del mundo miembros de la Convención sobre el Derecho del Mar) donde 
el concepto de soberanía tienen una aplicación específica para cada caso, que 
sustituyó lo existente hasta hace ya casi tres décadas, cuando la anchura de 
mar patrimonial no superaba las 12 millas.
 
En cuanto a la plataforma continental y los derechos de soberanía en ella, 
caben algunas observaciones. Hay que tomar en cuenta que la plataforma 
continental corresponde, por definición, al lecho y subsuelos marinos bajo las 
aguas de la “zona contigua” (al mar territorial) de hasta 12 millas de ancho y 
de la zona económica exclusiva, existiendo la posibilidad de que, dependiendo 
por ejemplo de la profundidad del mar allende el límite de las 200 millas, la 
misma pueda extenderse en ciertos casos hasta unas 150 millas más allá de ese 
borde imaginario.
 
De darse las condiciones para que ello sea así, los derechos de Costa Rica en 
la plataforma continental ubicada fuera del límite de las 200 millas de la zona 
económica exclusiva, se circunscriben estrictamente a la “exploración y 
explotación” de los recursos naturales que ahí se encontraren, sobre los cuales 
incluso tendría que cumplirse con pagos o contribuciones a favor de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de la ONU.
 
En las aguas internacionales que cubren dicha plataforma, todas las naciones 
tienen derecho a las libertades de pesca y de navegación, así como a cualquier 
otro derecho propio de la “alta mar” donde ningún Estado podrá pretender 
legítimamente someter cualquier parte de ella a su soberanía.
 
Con lo anterior aclarado, creemos que nuestra Cancillería ha hecho lo correcto 
al presentar ante la ONU “información preliminar” con la cual trazar los 
supuestos límites de la plataforma continental ubicada más allá de la zona 
económica exclusiva, sin estimar el área que habría de ocupar esa parte del 
suelo y subsuelo marinos. Pero sí incurren en error los que dicen que se están 
sumando 125.000 km2 al territorio nacional, cuando no podemos conocer siquiera 
una cifra aproximada. Y más grande es el error al presentarla como si se 
tratara de un área comparable al territorio continental costarricense en cuanto 
a derechos de soberanía. Disparate solo comparable al cuento de la riqueza en 
hidratos de metano.
 
Y es así debido a que Costa Rica no tiene más delimitaciones marítimas que las 
aprobadas con Panamá en el Pacífico y el Caribe y con Colombia en el Pacífico.
 
Es pues imposible e inconveniente, señalar límites definitivos a la zona 
económica exclusiva limítrofe con la vecina Nicaragua, en vista de que ni 
siquiera se han iniciado las conversaciones para dicha delimitación marítima, 
además de que son conocidas las diferencias de criterios planteadas para ambas 
vertientes de parte de los dos Estados. Y es que podría ser motivo de fricción 
diplomática el que uno o ambos Estados hicieren propuestas para la plataforma 
continental, aunque fueren preliminares, a partir de límites no negociados 
relativos a sus zonas económicas exclusivas.
 
Asimismo, al no tener aprobada una delimitación marítima con Ecuador, nación 
que no acepta lo estipulado en la Convención sobre el Derecho del Mar, 
cualquier propuesta de plataforma continental que involucrare a ambos Estados, 
también partiría de una delimitación inexistente entre los mismos, por lo que 
también en este caso se ha de tener la mayor prudencia.
 

* Catedrático UNA