El Viernes, 3 de Octubre de 2008, Emilio Gómez Fdez. escribió: > Pero por contra un PGOU, sacado a concurso por un ayuntamiento y por tanto > encargado por la administración pública, si estaría afectado por dicho > artículo una vez haya recibido la aprobación definitiva de la comisión > regional de urbanismo y del pleno del ayuntamiento.
Estoy de acuerdo con Emilio en este respecto - creo que David Maeztu se ha
centrado en la cartografía de los institutos geográficos, y no ha tenido en
cuenta los PGOUs. ¿Sería posible volverle a preguntar sobre este aspecto?
> Y quien dice un PGOU dice la cartografía de unas Normas Subsidiarias, de un
> plan de ordenación del litoral, de un PORN, etc. ¿O se entiende que la
> cartografía asociada a estos documentos, por sustentarse en la mayoría de
> los casos en bases cartográficas proveniente de institutos públicos (léase
> IGN y demás), tampoco estaría afectada por el artículo 13?
Yo entiendo que bastantes de esos documentos *no* están generados a partir de
cartografía del IGN (et al.), sino por topógrafos directamente contratados
por las administraciones.
Lo digo porque (por razones que no vienen al cuento) me estoy peleando
últimamente con expedientes de deslindes e informes de amojonamientos. Estoy
hablando de planos con membrete del Ministerio de Agricultura o del MOPU (de
antaño), dibujados hace 50 años, que son *parte* de un expediente (que,
técnicamente, es una resolución del ICONA y que se engloba dentro del 13 de
la LPI).
Creo que esto se merece darle otra pensada.
Un saludo,
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Iván Sánchez Ortega <[EMAIL PROTECTED]>
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